La ONG Provea emitió una advertencia sobre el peligro de que Venezuela derive hacia una tecnocracia autoritaria si no se restablece plenamente el orden constitucional y democrático del país. Durante la presentación de su informe anual "El eclipse de la Constitución", el coordinador general de la organización, Oscar Murillo, señaló que Venezuela atraviesa un momento extraordinariamente frágil, donde la estabilidad podría limitarse únicamente a garantizar seguridad jurídica para las inversiones extranjeras, marginalizando cuestiones fundamentales como la justicia, la memoria histórica y los derechos humanos de la población.
Murillo enfatizó que ningún proceso de apertura económica sin libertades democráticas genuinas, participación ciudadana efectiva y transparencia institucional puede considerarse coherente con los principios básicos de derechos humanos. Según el líder de Provea, la normalización que promueve el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez es superficial, ya que permanecen vigentes las estructuras institucionales y represivas construidas durante las últimas dos décadas específicamente para perseguir la disidencia política. La organización denunció que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas aún carecen de garantías efectivas de verdad, justicia y reparación integral.
La ONG también cuestionó la aplicación discrecional de la reciente Ley de Amnistía y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos. El informe advierte que la crisis social sigue impactando severamente a millones de venezolanos debido a la ausencia de políticas de protección social, el deterioro acelerado del poder adquisitivo y el estancamiento histórico de salarios y pensiones frente a una inflación persistente. Provea insistió que no puede haber recuperación democrática genuina sin una reforma transparente y sincera de los poderes públicos, especialmente del sistema judicial y del Poder Electoral.
Finalmente, Provea hizo un llamado urgente a la sociedad civil, sindicatos y organizaciones políticas para que articulen esfuerzos comunes que impulsen verdaderas transformaciones democráticas e institucionales en el país. La organización enfatizó que la reforma judicial no puede ser una simulación superficial, sino un proceso genuino y verificable que devuelva la independencia a instituciones críticas que actualmente permanecen subordinadas al Poder Ejecutivo.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
