Durante más de cinco años, el Gobierno venezolano utilizó diversos documentos oficiales para respaldar la nacionalidad de Álex Saab. El presidente Nicolás Maduro, el canciller Jorge Arreaza, Jorge Rodríguez y numerosos funcionarios afirmaron reiteradamente que Saab era ciudadano venezolano. Estos respaldos no se limitaban a simples declaraciones políticas, sino que incluían documentación formal presentada ante los tribunales estadounidenses para defender al empresario de negocios en procedimientos legales internacionales.
La documentación oficial que el régimen presentó abarcaba un pasaporte ordinario, otro de carácter diplomático, una Gaceta Oficial que presuntamente fue forjada, un nombramiento formal emitido por el entonces canciller Jorge Arreaza, y una resolución del Tribunal Supremo de Justicia que ratificaba su nacionalidad venezolana. Además, su nombre y número de cédula aparecieron en la Gaceta Oficial cuando fue designado Ministro de Producción Nacional, se registró en el Instituto de Seguro Social y figuró en el Registro Electoral del país. Estos múltiples documentos constituían un expediente administrativo que parecía irrefutable sobre su condición de ciudadano.
Sin embargo, la narrativa oficial cambió radicalmente después de que Estados Unidos capturara a Saab en Cabo Verde y Venezuela lo entregara a las autoridades estadounidenses. Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia, declaró públicamente el 18 de mayo que Saab "nunca fue venezolano". Cabello argumentó que la cédula de identidad presentada era fraudulenta y que su fecha de emisión de 2004 no coincidía con los registros de su presencia en Venezuela. Esta afirmación resulta particularmente controvertida considerando que el Saime, la institución bajo su autoridad, es la encargada de emitir cédulas y pasaportes en el país.
La contradicción entre la documentación oficial que el gobierno mantuvo durante años y las nuevas declaraciones genera un dilema jurídico y político significativo. Si los documentos presentados eran fraudulentos, como ahora alega el régimen, surge la pregunta de quién fue responsable por su falsificación y por qué instituciones gubernamentales los avalaron durante tanto tiempo. Esta situación expone las inconsistencias internas del gobierno venezolano y plantea interrogantes sobre la integridad de sus registros administrativos y la credibilidad de sus afirmaciones públicas.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
