Jorge Alayeto, comerciante hispanovenezolano de 54 años, permanece encarcelado en Venezuela tras ser condenado a 30 años de prisión en abril de 2026 por cargos de traición a la patria, rebelión militar y otros delitos que niega haber cometido. Su caso representa uno de los ejemplos más dramáticos de las arbitrariedades del régimen chavista: fue torturado durante días en agosto de 2017 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) junto a su sobrino Alfonso Ochoa, quien apenas tenía 20 años en ese momento. Ambos fueron víctimas colaterales de un asalto militar al Cuartel Paramacay en el que no participaron, perpetrado por militares rebeldes comandados por el capitán Juan Carlos Caguaripano que alquilaron la discoteca familiar de los Alayeto.
La condena de Alayeto se fundamentó únicamente en una confesión grabada en video obtenida mediante tortura y en el testimonio de Abel Angola, el agente militar que lo torturó. Durante el juicio oral, Alayeto denunció públicamente los abusos sufridos, recordando cómo fue golpeado brutalmente y obligado a confesar bajo coacción en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta, Caracas. El comerciante enfatizó que su torturador fue presentado como "único testigo técnico" en su proceso judicial, evidenciando la corrupción y falta de independencia del sistema de justicia venezolano. A pesar de estos hechos documentados, la sentencia se mantuvo firme.
Alayeto es actualmente el preso político con más antigüedad en las cárceles chavistas, habiendo permanecido encarcelado desde 2017, casi nueve años sin libertad. Su caso forma parte de una lista de españoles e hispanovenezolanos que continúan en prisión: María Auxiliadora Delgado desde 2019, Daniel Medina desde 2019, Karen Hernández desde 2020 y Fernando Noya también desde 2020. Aunque aproximadamente quince ciudadanos españoles e hispanovenezolanos han sido liberados desde la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Alayeto permanece excluido de estas excarcelaciones bajo criterios que parecen arbitrarios.
La familia de Alayeto ha denunciado el abandono del gobierno español, acusándolo de no haber realizado gestión alguna por la liberación de los prisioneros. Anabel Alayeto, madre de Alfonso y hermana de Jorge, expresó públicamente su frustración ante la inacción de las autoridades españolas. El caso de Jorge Alayeto evidencia cómo el régimen bolivariano utilizó torturas sistemáticas, confesiones forzadas y procesos judiciales viciados para condenar a civiles inocentes, reflejando la profundidad de los abusos de derechos humanos cometidos durante el chavismo.
Fuente: El Mundo — Ver nota original
