El gobierno chileno de José Antonio Kast está impulsando una reforma legislativa que obligaría a hospitales, clínicas y establecimientos educativos a entregar información sobre migrantes en situación irregular a las autoridades competentes. La indicación fue presentada durante una sesión parlamentaria para revisar un proyecto de ley que perfecciona los procedimientos de expulsiones administrativas. Según el texto propuesto, todos los organismos públicos y privados de salud y educación deberían proporcionar datos como domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes pertinentes de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios.
Chile enfrenta una situación migratoria compleja con más de 330.000 extranjeros viviendo en condición de irregularidad, según el Instituto Nacional de Estadísticas. La mayoría de estas personas provienen de Venezuela, buscando oportunidades en el país austral. El gobierno considera que el conocimiento de estos datos es fundamental para gestionar adecuadamente los servicios públicos que están siendo utilizados por esta población.
Durante una rueda de prensa, el presidente Kast justificó la medida argumentando la necesidad de "ordenar" las prestaciones sociales que entrega el Estado. Sostuvo que es fundamental saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos para optimizar los recursos, especialmente en consultorios donde el presupuesto per cápita es limitado. El mandatario, quien llegó al poder con un discurso de línea dura contra la migración irregular, asocia estos flujos migratorios con el incremento de la criminalidad en el país.
El Ministerio del Interior aclaró posteriormente que la medida no busca perseguir a menores de edad, quienes cuentan con protección conforme al Derecho Internacional. La cartera especificó que se trata de recabar información sobre los adultos responsables en los centros educativos, no de crear un mecanismo de vigilancia sobre la población infantil. Esta aclaración refleja el debate existente entre la necesidad de controlar la migración irregular y el respeto a los derechos humanos fundamentales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
