España pondrá fin a partir del 12 de junio de 2026 a la vía exprés que desde 2018 ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación migratoria de manera casi automática. El Ministerio del Interior ha formalizado esta decisión mediante un oficio interno que detalla el marco legal sustentador del cierre de permisos por razones humanitarias e indica las fechas exactas de la transición. A partir de esa fecha, no se podrán conceder ni renovar estas autorizaciones de residencia temporal, sin importar cuándo se hubiera presentado la solicitud inicial. El Gobierno español vincula esta medida a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que comienza precisamente en esa misma fecha.
La nueva normativa comunitaria establece que los permisos humanitarios concedidos por cada país no deben tramitarse ni confundirse con el asilo, el sistema de protección reservado exclusivamente a quienes huyen de sus países por peligro de vida debido a guerras o persecución política. Según documentos internos del Ministerio de Protección Internacional, España venía concediendo permisos de residencia humanitarios a través del mismo organismo y circuito que gestiona el asilo, una práctica que resulta incompatible con las nuevas reglas europeas. De esta forma, el Gobierno español presenta el cierre no solamente como una decisión propia, sino como una obligación legal impuesta desde instituciones comunitarias europeas.
Desde la apertura de este canal específico en 2018, España ha concedido aproximadamente 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos. En algunos años, estas concesiones representaron más del 95 por ciento de todos los permisos por razones humanitarias otorgados en el país, y las cifras no cesaron de crecer hasta alcanzar las 50.000 concesiones anuales durante 2025. Lo que comenzó como una excepción justificada por la represión y el deterioro de la situación política y económica en Venezuela se transformó gradualmente en un canal estructural que contribuyó significativamente al colapso del sistema migratorio, incapaz de gestionar la avalancha de solicitudes con los recursos humanos y presupuestarios disponibles.
Antes de cerrar definitivamente esta vía, el Ministerio de Migraciones deberá buscar fórmulas alternativas para que quienes ya no puedan acogerse a esa figura legal no se queden sin documentación o protección. Los titulares de autorizaciones humanitarias anuales ya concedidas tendrán la posibilidad de solicitar su conversión a otro tipo de permiso que les permita mantener su estatus legal en territorio español. Esta transición representa un cambio fundamental en la política migratoria española hacia Venezuela después de casi una década de regularización facilitada.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
