Organizaciones de derechos humanos, encabezadas por Refugiados Sin Fronteras, entregarán diez mil firmas a la Comisión Europea para solicitar que se impida la entrada de Delcy Rodríguez a España. La entrega se realizará el próximo jueves de manera simultánea en la representación de la Comisión Europea en España y en su sede central de Bruselas. Hasta el momento se han recolectado 9.300 firmas en España y otros países europeos, según informó Sergio Contreras, presidente de la organización y exiliado venezolano.
La petición busca que la Unión Europea no levante las sanciones impuestas a Rodríguez, quien ocupó el cargo de vicepresidenta de la República hasta enero pasado cuando los Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro. Los firmantes argumentan que Rodríguez formaba parte de la cadena de mando del gobierno chavista y por lo tanto ostentaría responsabilidad en supuestos crímenes de lesa humanidad. La medida surge como respuesta a su posible asistencia a la Cumbre Iberoamericana que se realizará el 4 y 5 de noviembre en Madrid.
Los solicitantes demandan que el Parlamento Europeo y otros órganos legislativos de la Unión Europea escuchen directamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos antes de tomar decisiones sobre las sanciones. Entre los delitos denunciados figuran detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos, así como desapariciones forzadas. Contreras enfatizó la importancia de que las instituciones internacionales conozcan de primera mano los testimonios de las víctimas para tomar decisiones ajustadas a la gravedad de los hechos denunciados.
Además, se cuestiona la legalidad de que el Gobierno español invite a Rodríguez a la cumbre iberoamericana y se solicita que la Comisión Europea se pronuncie al respecto. Sergio Contreras compartió su propia experiencia como víctima: fue detenido arbitrariamente, torturado y juzgado en tribunal militar a pesar de ser civil. Tras ocho años en España, donde le fue otorgado el estatus de refugiado junto a su esposa e hijos, insiste en que ninguna persona que represente un régimen violador de derechos humanos debe poder ingresar al territorio español mientras mantiene sanciones internacionales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
