El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha expresado su demanda para que la justicia estadounidense investigue y divulgue los detalles de la corrupción en Venezuela, ahora que Alex Saab se encuentra detenido en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, Peñalosa calificó las operaciones financieras del empresario colombiano como un desvalijamiento sistemático de las arcas venezolanas, vinculándolo directamente con el dictador Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno. El político colombiano subrayó la importancia de que se revele "la manera tan asquerosa como él, junto con el dictador Maduro y otros miembros de ese gobierno de izquierda, robaron al pueblo venezolano".
Peñalosa hizo especial énfasis en el trabajo investigativo del periodista Gerardo Reyes, cuyo libro sobre Alex Saab documenta minuciosamente el entramado de contratos sobrevalorados, lavado de activos y operaciones financieras que permitieron al barranquillero convertirse en el principal operador económico de la administración Maduro. Este trabajo periodístico ha servido como referencia clave para entender la magnitud de las prácticas fraudulentas que caracterizaron el régimen chavista durante años.
La entrega de Saab por parte del régimen a las autoridades estadounidenses representa un momento crucial en la historia política venezolana. Mientras el empresario enfrenta cargos federales en Miami, la Corte Suprema de Justicia de Colombia estudia un recurso que podría revocar una sentencia anterior que lo había absuelto por lavado de activos, abriendo la posibilidad de reabrir expedientes archivados en su país natal. Esta situación es vista por múltiples sectores como una oportunidad única para desentrañar la ruta del lavado de dinero público venezolano.
Para Enrique Peñalosa, la importancia del caso no se limita únicamente a la condena individual de Alex Saab, sino que va más allá: la verdadera trascendencia radica en que la justicia estadounidense desclasifique y divulgue las pruebas que demuestren cómo operaba la red de corrupción que facilitó el saqueo de los recursos públicos venezolanos. La expectativa es que este proceso legal funcione como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas para la ciudadanía venezolana.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
