La comparecencia de Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya ha generado un intenso debate sobre su pertinencia jurídica y sus implicaciones políticas. El diplomático Víctor Rodríguez Cedeño, exembajador de Venezuela ante la ONU y profesor de Derecho Internacional, ha cuestionado directamente la necesidad de su presencia, argumentando que los abogados ya habían expuesto y fundamentado completamente los argumentos venezolanos, así como refutado los planteamientos de Guyana durante las audiencias sobre la controversia territorial por el Esequibo.
Para Rodríguez Cedeño, la participación de la funcionaria responde más a objetivos de política interna e internacional que a exigencias procesales del caso. El experto señaló que el viaje y presencia de Rodríguez tiene un efecto político interno y busca proyectar internacionalmente una imagen de poder: "yo soy jefe de Estado". Además, cuestionó la aparente contradicción de que Venezuela asista a audiencias ante la Corte mientras mantiene públicamente la postura de no reconocer su jurisdicción, una inconsistencia que debilita la posición legal del país.
Rodríguez Cedeño fue categórico al recordar que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son obligatorias y vinculantes para las partes. Citó la decisión de diciembre de 2020 en la que la Corte se declaró competente para conocer el caso, subrayando que las sentencias preliminares también son vinculantes. Advirtió que si Venezuela continúa rechazando la jurisdicción de la CIJ, el estatuto de la Corte prevé mecanismos de ejecución que podrían llegar hasta la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
A pesar de reconocer que existen elementos jurídicos importantes para cuestionar la validez del laudo arbitral de 1899, el diplomático admitió que anular un laudo arbitral es un proceso muy complejo, con solo dos casos en la historia de la Corte que no resultaron exitosos. Por ello, Rodríguez Cedeño insistió en que la solución más viable sería una negociación política dentro del marco del Acuerdo de Ginebra, abogando por un "acercamiento inteligente" que requiera tanto inteligencia como habilidad diplomática de ambas partes.
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