El pasado jueves 9 de abril, más de 2.000 manifestantes se congregaron en distintos puntos de Caracas para marchar hacia el Palacio de Miraflores y reclamar salarios dignos al Ejecutivo Nacional. La movilización en la capital ocurrió simultáneamente con al menos 29 protestas en 14 estados del país, según reportó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Esta convocatoria masiva reflejó el profundo descontento de los trabajadores venezolanos frente a la crisis salarial que afecta al país.
En un intento por desactivar la protesta, la presidenta interina Delcy Rodríguez realizó una cadena nacional el miércoles anterior, anunciada como "urgente" e "importante" por los medios estatales. Sin embargo, su alocución resultó insuficiente: solo anunció un "aumento responsable" con vigencia a partir del 1° de mayo, reiterar que el ingreso mínimo integral rondaba los 190 dólares y convocó al rechazo de sanciones internacionales. El pronunciamiento careció de cifras exactas y montos concretos, lo que fue percibido por los gremios como una maniobra de desmovilización que lejos de calmar las aguas, reforzó la convocatoria para el día siguiente.
Frente a la determinación de los trabajadores de marchar a Miraflores, Rodríguez ordenó la represión de las manifestaciones por parte de cuerpos policiales, resultando en múltiples personas heridas y detenidas. Organizaciones de derechos humanos confirmaron la detención arbitraria de al menos cuatro jóvenes, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció agresiones físicas, uso de agentes químicos y destrucción de equipos contra una decena de periodistas que cubrían los eventos. Esta respuesta represiva del gobierno generó una escalada en la confrontación y mayor indignación entre los sectores afectados.
Ante la violenta respuesta del Ejecutivo, los gremios advirtieron que la protesta no se detendría y que, por el contrario, se intensificaría hasta conquistar todos sus derechos y obtener respuestas concretas a sus demandas salariales. Los trabajadores convocaron una nueva jornada de protesta para el jueves 16 de abril, con el propósito de llevar sus reclamos ante la embajada de Estados Unidos en Caracas. Esta escalada de movilizaciones indica que el fracaso de Delcy por apaciguar la calle ha abierto un período de mayor conflictividad laboral en Venezuela.
Fuente: DW — Ver nota original
