https://p.dw.com/p/5C6qRImagen: Janusz Pienkowski/Zoonar/picture alliancePublicidadEl pasado jueves 9 de abril, más de 2.000 manifestantes se congregaron en distintos puntos de Caracas con la intención de marchar hacia el Palacio de Miraflores para reclamar al Ejecutivo Nacional salarios dignos para los trabajadores venezolanos. La movilización en la capital se produjo en simultáneo con al menos 29 protestas en 14 estados del país, según reportó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). El día anterior, en un intento de restarle fuerza a la convocatoria de los trabajadores, la presidenta interina Delcy Rodríguez apareció en horas de la noche en cadena nacional. El mensaje, anunciado durante el día y amplificado por voceros oficiales y medios estatales como "urgente” e "importante”, buscó concentrar la atención de los venezolanos. Sin embargo, las expectativas no fueron satisfechas: la alocución se limitó a anunciar un "aumento responsable" con vigencia a partir del 1° de mayo, reiterar que el ingreso mínimo integral rondaba los 190 dólares y convocar al rechazo de las sanciones internacionales. Lejos de desactivar el malestar social, el pronunciamiento del Ejecutivo —sin cifras exactas y montos concretos— fue recibido por los gremios como insuficiente y como una maniobra para desmovilizar la protesta. En consecuencia, el efecto fue el contrario al buscado: terminó reforzando la movilización del día siguiente, al percibir los trabajadores que el interinato no estaba dispuesto a atender de forma concreta sus demandas salariales. Frente a la determinación de los trabajadores de marchar a Miraflores, Rodríguez ordenó a los cuerpos policiales reprimir las manifestaciones e impedir su avance hacia el palacio presidencial, lo que dejó múltiples personas heridas y detenidas. Organizaciones de derechos humanos confirmaron la detención arbitraria de al menos cuatro jóvenes, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció agresiones físicas, uso de agentes químicos y destrucción de equipos de trabajo contra una decena de periodistas que se encontraban cubriendo la protesta.Delcy Rodr{iguez y otras autoridades en el Palacio de Miraflores.Imagen: Venezuelan Presidency/AFP Ante la violenta respuesta del Ejecutivo, los gremios advirtieron que la protesta no se detendría y que, por el contrario, se intensificaría hasta "conquistar todos los derechos” y obtener respuestas concretas a sus demandas salariales. En ese contexto, convocaron una nueva jornada de protesta para el próximo jueves 16 de abril, con el propósito de llevar sus reclamos salariales y denuncias de represión ante la embajada de los Estados Unidos en Caracas, bajo cuya tutela se encuentra actualmente el régimen interino. Cómo y por qué se destruyó la protección salarial en Venezuela En Venezuela, el salario debe cumplir con el "principio de suficiencia", consagrado en el artículo 91 de la Constitución, según el cual la remuneración debe garantizar al trabajador y a su familia una vida digna y la cobertura de sus necesidades básicas, no solo materiales, sino también sociales e intelectuales. Además, el salario no se limita al ingreso mensual: a partir de él se calcula y se construye buena parte de la protección económica asociada al empleo, como prestaciones sociales, vacaciones remuneradas y utilidades, derechos concebidos para garantizar la estabilidad frente a la cesantía, el goce efectivo del descanso y la participación del trabajador en los frutos de la empresa. En la práctica, a partir de 2022, este entramado de protección laboral dejó de funcionar en Venezuela. Ese año el Ejecutivo Nacional congeló el salario mínimo y sustituyó los ajustes de la remuneración por bonos no salariales como mecanismo para compensar el impacto de la inflación. Esta medida fue concebida por el régimen de Nicolás Maduro como una salida política para disminuir la presión social, al incrementar de forma puntual ―siempre insuficiente― el ingreso que el tra
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