El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución con apoyo mayoritario pidiendo a los gobiernos de los países miembros que mantengan las sanciones contra el régimen venezolano. La votación ha dejado clara la posición de la Eurocámara: 507 votos a favor frente a 31 en contra, lo que representa una mayoría aplastante de los eurodiputados. Esta decisión refleja la preocupación generalizada en Europa respecto a la situación política en Venezuela, donde persisten problemas graves de derechos humanos.
La resolución fundamenta su posición en dos argumentos principales: la existencia continuada de presos políticos en Venezuela a pesar de la anunciada amnistía y la falta de convocatoria de elecciones que demanda la comunidad internacional. Los eurodiputados consideran que estas circunstancias justifican el mantenimiento de las medidas coercitivas contra los funcionarios del gobierno venezolano. Aunque este documento no tiene fuerza legal vinculante, representa la voluntad política de la mayoría del Parlamento y establece una presión diplomática significativa sobre los gobiernos nacionales.
La posición del Gobierno español contrasta marcadamente con el consenso europeo expresado en la votación. El Ejecutivo español ha solicitado formalmente la retirada del nombre de Delcy Rodríguez de la lista de sancionados, argumentando que su cambio de cargo –ahora jefa del Estado en lugar de vicepresidenta– justifica esta medida. Además, ha anunciado que invitará a Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid, un gesto que desafía abiertamente la resolución del Parlamento Europeo. Esta línea blanda contrasta con el hecho de que ni siquiera Nicolás Maduro figura en la lista de dirigentes con entrada prohibida en la Unión Europea.
La votación ha mostrado un amplio consenso transnacional en la Eurocámara, con el apoyo de prácticamente todos los grupos parlamentarios excepto la extrema izquierda. El Partido Popular Europeo promovió el texto y consiguió el respaldo de los diputados socialistas, incluyendo los españoles, demostrando que la cuestión de Venezuela trasciende las divisiones ideológicas habituales. Solo algunas voces disidentes, como las de Irene Montero e Isa Serra, se opusieron a la medida, subrayando la excepcionalidad de esta posición política.
Fuente: ABC — Ver nota original
