El gobierno de España solicitará a la Unión Europea una excepcionalidad temporal para permitir el ingreso de Delcy Rodríguez, presidenta encargada, a territorio español con motivo de la Cumbre Iberoamericana, a realizarse el 4 y 5 de noviembre, según reseñó el diario ABC.Delcy Rodríguez no puede entrar a la Unión Europea debido a las sanciones que le aplicaron en 2018, que incluyen la prohibición de entrada o tránsito por el espacio Schengen. Ese año, la funcionaria fue señalada de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. El sistema de sanciones tiene dos niveles. El régimen general de sanciones, que fija el marco jurídico, debe ser aprobado por unanimidad en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (CAE) y es renovado de forma periódica. Asimismo, la incorporación o retiro de personas de la denominada “lista negra” también necesita el respaldo unánime de los 27 Estados miembros.El primer intento en favor de Delcy RodríguezJosé Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, solicitó sin éxito que la UE retirara las sanciones en contra de Rodríguez a finales de febrero. El gobierno de Pedro Sánchez, representado por Albares, llevó ante la CAE la propuesta para sacarla de la lista de sancionados. Pero lo intentó, de acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por ABC, de manera informal y fuera del orden del día.El argumento fue que levantar las sanciones favorecería el diálogo con Venezuela. Sin embargo, el esfuerzo de Albares lo frenó la alta representante Kaja Kallas, al incumplir los procedimientos formales del CAE. ¿En qué consiste el nuevo esfuerzo?El gobierno español intentará una segunda opción: activar un mecanismo de excepción temporal, denominado “waiver”, que autorice la entrada de Delcy Rodríguez a la UE sin necesidad de sacarla de la lista de sancionados.Para lograrlo, España debe enviar un escrito formal justificando por qué Rodríguez debe asistir a la Cumbre Iberoamericana. El documento se debe dirigir a la Secretaría del Consejo de Asuntos Exteriores, encargada de distribuirlo entre todos los Estados miembros. Luego se activa un mecanismo de silencio administrativo: si en un plazo de 48 horas ningún país manifiesta oposición, la excepción se aprueba de manera automática.Pero si algún Estado miembro objeta la medida, el asunto deja de seguir el procedimiento técnico y pasa a debatirse en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, donde será necesario alcanzar un acuerdo político.
Fuente: El Nacional — Ver nota original
