El empresario hotelero Walter Ranieri Covorso compareció ante el Tribunal Tercero de Terrorismo para denunciar un caso que expone el modus operandi de represión dentro del aparato estatal chavista. Detenido sin orden fiscal desde el 11 de abril de 2024 tras una nota de prensa en un medio digital, Ranieri permaneció dos años en condiciones infrahumanas en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, donde fue sometido a torturas que incluían luces y música continua las 24 horas. Su captura se ejecutó mediante engaño en una alcabala del estado Barinas, donde funcionarios le indicaron que se trataba de una "entrevista sencilla", para luego trasladarlo por la fuerza en avión a Caracas sin mediar orden de aprehensión.
El ciudadano italiano, de nacionalidad reconocida, aclaró ante la jueza Alejandra Romero Castillo que jamás ha tenido vínculos comerciales, licitaciones o contratos con el sector petrolero o naviero del Estado. Su familia es ampliamente conocida en Mérida por fundar desde los años 80 cadenas hoteleras y restaurantes emblemáticos como La Campana, dedicándose exclusivamente al ramo de la hostelería. A pesar de esta realidad comprobable, la Fiscalía justificó su imputación por graves delitos como traición a la patria basándose únicamente en publicaciones de portales web como La Patilla, sin verificación alguna de las fuentes.
Durante su detención, el mayor Jimmy Ibarra, director de la Dgcim en Mérida, se apropió ilegalmente de sus hoteles, restaurantes e incluso de la casa de sus hijas para convertirla en sede militar. Los funcionarios también extorsionaron al sobrino de Ranieri, de apenas 17 años, para adueñarse de los bienes de la familia. Un coronel de apellido Blanco lo increpó durante el interrogatorio preguntándole "por los buques que se robó", a lo que el empresario respondió que era imposible que un civil escondiera naves petroleras.
El caso Pdvsa-Cripto continúa desmoronándose en el piso 6 del Palacio de Justicia en Caracas, donde durante las audiencias de apertura de juicio no solo han comparecido exjerarcas como Tareck El Aissami y Hugbel Roa para denunciar tramas de extorsión de la Fiscalía, sino que también ha quedado expuesto cómo la Dgcim presuntamente utiliza causas petroleras para ejecutar despojos patrimoniales a mano armada contra ciudadanos civiles indefensos.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
