https://p.dw.com/p/5CiJyMuchos migrantes venezolanos en Chile celebraron la captura de Nicolás Maduro por el Ejército de EE. UU.Imagen: Pablo Sanhueza/REUTERSPublicidadDe acuerdo con el estudio del Observatorio Venezolano de la Diáspora (ODV), basado en una encuesta a 1.204 venezolanos residentes en el exterior, solo 12 por ciento de los consultados manifestó planes concretos de regresar dentro de los próximos dos años. Por su parte, la evaluación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), basada en una encuesta realizada en seis países de la región —Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala— encontró que apenas un 9 por ciento tenía planes de retorno a Venezuela dentro de los próximos 12 meses. Ambos estudios destacan que, entre quienes consideran la posibilidad de regresar, predomina una actitud de cautela. El retorno aparece condicionado a cambios profundos en Venezuela, especialmente en materia de economía, seguridad, empleo y transición política. Este panorama resulta especialmente relevante en el caso chileno, donde el nuevo Gobierno, presidido por José Antonio Kast, ha aumentado la presión para la salida de los migrantes en situación irregular, muchos de ellos venezolanos. Para esa población, quedarse se ha vuelto más difícil, pero la incertidumbre de volver sigue siendo muy grande, según señalan los estudios. DW conversó con tres venezolanos residentes en Chile, conocedores de la materia y con experiencia directa en el tema. Sus miradas permiten aproximarse —desde la experiencia venezolana— a la complejidad del problema y a posibles cursos de acción. El desafío migratorio de Chile en cifras Chile, al igual que otros países de la región, enfrenta un desafío migratorio derivado del éxodo venezolano de la última década. En menos de diez años, la comunidad venezolana residente en Chile pasó de 83.045 personas, según el Censo de 2017, a 669.400 en el Censo de 2024. Tal como lo han señalado informes de la plataforma R4V, la magnitud y rapidez de ese flujo excedieron capacidades institucionales que no estaban diseñadas para gestionar el ingreso, la permanencia y la integración de una población extranjera de esa escala. El desafío más sensible para Chile, dentro de este cuadro general, lo constituye la situación de aquellas personas que se encuentran en condición migratoria irregular. Según las estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SERMIG) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a diciembre de 2023 unas 336.984 personas extranjeras se encontraban en esa condición. De ellas, unas 253.000 eran venezolanas, cerca de un 75 por ciento del total. En junio de 2023, el Gobierno chileno inició un registro biométrico para identificar a adultos extranjeros que habían ingresado de forma irregular al país. Según la plataforma R4V Chile, unas 182.000 personas acudieron a identificarse ante el Estado; de ellas, 166.000 eran venezolanos, es decir, un 91 por ciento.Chile busca deportar venezolanosTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video El desafío migratorio más allá de las cifras Sin embargo, más allá de estas cifras, Mary Montesinos, activista de derechos humanos y directora general de la ONG Proyecto Tepuy, considera que "el problema, más que la cantidad de personas que se encuentran en situación irregular, es cómo se ha manejado la situación", afirma. Montesinos, venezolana con veinticuatro años residiendo en Chile y al frente de una organización de la sociedad civil dedicada a facilitar la integración social y laboral de la comunidad migrante, especialmente de origen venezolano, sostiene que la llegada masiva de sus compatriotas no era del todo imprevisible. Recuerda que, ya en 2017 y 2018, advirtió a la prensa que, si la crisis venezolana no se resolvía, Chile podía recibir más de medio millón de venezolanos. "Si una persona como yo pudo preverlo, era labor del Estado adoptar medidas de prevención", señala. Por su parte
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