Alex Saab, empresario venezolano de origen colombiano y cercano colaborador de Nicolás Maduro durante años, fue deportado por el régimen de Venezuela a Estados Unidos el pasado sábado por la noche. Saab llegó al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka en Miami escoltado por agentes de la agencia antidroga estadounidense (DEA), después de ser trasladado desde las instalaciones de El Helicoide en Caracas hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde abordó un avión Gulfstream con matrícula estadounidense.
Esta es la segunda vez que Saab es entregado a la justicia norteamericana, pero con una diferencia fundamental: en esta ocasión no proviene de un tercer país como ocurrió tras su captura en Cabo Verde en 2020, sino que ha sido enviado directamente por el mismo gobierno venezolano que durante años lo protegió y lo utilizó como símbolo de resistencia frente a Washington. El régimen empleó una fórmula estratégica en su comunicado oficial, refiriéndose a Saab como "ciudadano colombiano" para justificar la deportación, argumentando que se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos.
La designación de "ciudadano colombiano" resulta particularmente reveladora considerando que Venezuela había presentado ante la justicia estadounidense al menos dos pasaportes venezolanos de Saab y lo había defendido anteriormente como diplomático propio. Esta inconsistencia refleja el cambio radical en la relación entre Saab y el nuevo poder en Caracas, que aparentemente cuenta con el respaldo de la administración estadounidense. Saab no fue un simple contratista vinculado al chavismo, sino que llegó a ocupar el cargo de Ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024, después de beneficiarse del indulto otorgado por la administración Biden.
La destitución de Saab de su posición ministerial por parte de Delcy Rodríguez marca un punto de inflexión en su relación con el régimen, coincidiendo con el cambio de gobierno en Venezuela. Este giro dramático evidencia cómo Saab pasó de ser una figura protegida y promovida dentro del círculo cercano a Maduro a convertirse en un activo que el nuevo poder considera conveniente entregar a la justicia estadounidense, posiblemente como parte de negociaciones más amplias entre Caracas y Washington.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
