Jorge Alayeto, comerciante hispanovenezolano de 54 años, se convirtió en el preso político con más tiempo encarcelado bajo el régimen chavista tras ser condenado a 30 años de cárcel en abril de 2025. El 45 años, fue detenido en agosto de 2017 junto a su sobrino Alfonso Ochoa, apenas un adolescente de 20 años en ese momento. Ambos fueron arrestados tras el asalto al Cuartel Paramacay, un intento de golpe de Estado liderado por militares rebeldes comandados por el capitán Juan Carlos Caguaripano. Sin embargo, Alayeto y su sobrino eran civiles completamente ajenos a la operación militar, víctimas colaterales de que su familia poseía la discoteca Hacienda San Luis, donde los insurgentes se reunieron horas antes del fallido levantamiento.
Durante su detención, Alayeto fue sometido a torturas sistemáticas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con el objetivo de obtener una confesión falsa. Él mismo relató que fue golpeado, esposado y coaccionado para confesar delitos que no había cometido, incluyendo traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos militares. "Vivimos una película de terror en carne propia", describió la pesadilla del comerciante hispanovenezolano durante los interrogatorios en la sede de Boleíta en Caracas. El proceso judicial fue igualmente irregular: Alayeto fue condenado basándose únicamente en una confesión grabada en vídeo obtenida bajo tortura y en el testimonio de su propio torturador, el agente Abel Angola, quien se presentó como testigo técnico en su juicio.
La situación de Alayeto destaca especialmente porque permanece encarcelado a pesar de que desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025, aproximadamente una quincena de ciudadanos españoles e hispanovenezolanos han sido liberados. Su caso encabeza una lista de presos olvidados que incluye a María Auxiliadora Delgado, Daniel Medina, Karen Hernández y Fernando Noya, quienes esperan ser incluidos en futuras excarcelaciones. La familia de Alayeto ha denunciado públicamente la negligencia del gobierno español, manifestando que "no ha hecho absolutamente nada" por obtener la libertad del comerciante y otros hispanovenezolanos cautivos en las cárceles revolucionarias.
El caso de Jorge Alayeto constituye un ejemplo paradigmático de las arbitrariedades del régimen chavista: la ausencia total de debido proceso legal, la utilización sistemática de torturas para obtener confesiones falsas, y la instrumentalización de presos civiles inocentes para justificar represión política. A más de ocho años de su detención injusta, continúa pagando una sentencia de 30 años por hechos en los que nunca participó, mientras su sobrino también permanece encarcelado. Su historia refleja la tragedia de cientos de presos políticos cuyas vidas han sido destruidas por un sistema judicial carente de garantías fundamentales y sometido completamente a los designios del poder ejecutivo.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
