El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), lanzado el 3 de julio de 2020, fue diseñado para mantener a flote empresas consideradas vitales durante la crisis del Covid-19. Este programa establecía requisitos claros: las beneficiarias debían haber entrado en recesión con equilibrio patrimonial, presentar un plan detallado de relanzamiento, ofrecer garantías en algunos casos, y permitir la intervención gubernamental en su gestión. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se encargaría de un minucioso seguimiento de los fondos destinados. Sin embargo, el requisito más importante era que las empresas receptoras fueran realmente estratégicas para el país, criterio que resultó ser determinante en el caso que ahora investiga la justicia.
La pequeña aerolínea Plus Ultra, con apenas seis aviones y operaciones limitadas a destinos en América Latina como Bogotá, Buenos Aires, Cartagena, Caracas y Lima, además de Tenerife, logró pasar los filtros establecidos y recibió 53 millones de euros en marzo de 2021. Cinco años después, esta decisión se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción política en España. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el marco de esta investigación. El presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, aparece como cliente de Whathefav S.L., la agencia de comunicación y publicidad de las hijas de Zapatero, lo que sugiere una red de influencias que facilitó la obtención del dinero público.
Zapatero reconoció haber cobrado 463.000 euros en seis años por trabajos de consultoría a través de su empresa Análisis Relevante, e incluso propuso que sus hijas prestaran servicios adicionales a través de su agencia. La investigación, que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, busca determinar si existió una conexión directa entre estas relaciones comerciales y la aprobación del rescate público. Los años posteriores al otorgamiento del crédito han estado marcados por una continua judicialización, registros policiales, detenciones de directivos y un intenso revuelo político que ha cuestionado los mecanismos de control del dinero público.
Desde el inicio, la operación ha estado envuelta en sospechas relacionadas con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Los vínculos de la cúpula de Plus Ultra con el Gobierno de Maduro y un presunto caso de blanqueo de capitales sembraron dudas sobre la legitimidad del apoyo estatal. En abril de 2021, apenas un mes después de recibir los fondos, la empresa fue objeto de investigación en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid para rastrear si el dinero había llegado a manos de colaboradores del régimen venezolano. Aunque el caso fue archivado en 2023 tras las demandas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la sombra de estas sospechas ha permanecido sobre toda la operación, cuestionando seriamente los criterios utilizados para calificar a Plus Ultra como empresa estratégica.
Fuente: El Pais — Ver nota original
