La frontera venezolana se ha convertido en un problema geopolítico de gran magnitud, según advierte el abogado y ex diputado Juan Bautista García Escalona. Desde el estado Apure se han proyectado durante años redes de cocaína y otras economías criminales hacia Estados Unidos, Europa y países árabes, mientras nuevas estructuras de lavado de dinero se instalan con facilidad en el territorio, levantando empresas y operaciones de forma casi inmediata. Para García Escalona, lo que está en juego no es únicamente la seguridad de una región, sino la integridad misma del país, por lo que considera urgente elevar el nivel de conciencia sobre lo que ocurre en la frontera para construir soluciones reales y evitar que la población siga sometida a la violencia y al crimen organizado.
El también dirigente político y defensor de derechos humanos cuestiona la narrativa oficial sobre la seguridad fronteriza. Afirmar que la frontera venezolana es segura, como lo sostiene el Gobierno, constituye según su perspectiva "no solo una mentira peligrosa, sino una fachada de un conjunto de actividades que han erosionado al Estado". En ese contexto, reclama una defensa efectiva del territorio y denuncia el presunto uso de recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos irregulares, incluyendo vehículos, armas y lanchas que habrían sido desviados de su propósito institucional.
Según el diagnóstico de García Escalona, el territorio fronterizo está fragmentado por actores armados con autoridades que responden a lógicas criminales. En este mapa de poder, el narcotráfico define rutas, impone silencios, teje alianzas y empuja al Estado a renunciar al ejercicio de una soberanía efectiva. Venezuela necesita instituciones sólidas, funcionarios íntegros y una voluntad política firme para romper con el poder corruptor de las economías ilegales. Sin una respuesta institucional seria, advierte, la frontera seguirá siendo terreno fértil para redes criminales que operan con creciente capacidad de expansión.
Entre los hechos más graves que denuncia figura el secuestro de niños indígenas. García Escalona asegura que desde hace años se registran casos de traslados forzados desde la población de Elorza, en Apure, hacia Colombia y luego a otros destinos, en medio de sospechas sobre trata de personas y posibles usos criminales aún más severos. El abogado afirma que llevó estas denuncias ante organismos del Estado venezolano y que, en su condición de representante de Fundaredes, acudió en varias oportunidades al Ministerio Público para exigir la apertura de investigaciones sobre estas prácticas delictivas.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
