La organización Human Rights Watch (HRW) ha cuestionado severamente la implementación de la ley de amnistía en Venezuela, afirmando que presenta "graves deficiencias" y solicitando a las autoridades garantizar la "liberación incondicional" de todas las personas detenidas o procesadas de manera arbitraria. Según Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, la nueva normativa promulgada en febrero "está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos", lo que evidencia una aplicación injusta y opaca que ha "socavado aún más la liberación de los presos políticos".
El informe de HRW identifica múltiples restricciones en la ley que limitan su alcance y efectividad. Aunque la normativa afirma cubrir actos cometidos desde 1999, restringe la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos "en el contexto" de hechos específicos ocurridos en ciertos años. Adicionalmente, contiene disposiciones ambiguas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas procesadas por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, lo que contradice el espíritu de reconciliación que debería caracterizar una ley de amnistía.
La organización ha documentado graves irregularidades procedimentales en la aplicación de la ley. Algunos solicitantes de amnistía no han recibido información precisa sobre los cargos que enfrentan ni sobre las pruebas en su contra, dificultando argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad. En otros casos, los jueces no han fundamentado adecuadamente sus decisiones para denegar la amnistía y han limitado el acceso a los expedientes y a la defensa de abogados particulares, lo que sugiere un proceso carente de transparencia y debido proceso.
La situación se agrava por denuncias de corrupción en el proceso. Familiares de presos políticos reportaron en marzo pagos en dólares en algunos tribunales para obtener la notificación de libertad plena bajo la ley de amnistía, un hecho que la presidenta encargada Delcy Rodríguez reconoció públicamente. La ley contempla un período de 27 años pero solo cubre 13 "hechos" específicos, excluyendo otros períodos y casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos, lo que reduce significativamente su cobertura real.
Fuente: Infobae — Ver nota original
