La historia política de Venezuela tiende a repetirse. Hace 22 años, Hugo Chávez impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para ampliar el número de magistrados de 20 a 32, buscando asegurar una mayoría afín a su gobierno. Tras un cambio en 2022 que redujo la cantidad a la veintena original, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promueve ahora una nueva modificación para volver a los 32 magistrados. Esta maniobra legislativa representa el blindaje de la mayoría chavista en una de las instituciones más críticas para el control del poder en el país.
La estrategia de Chávez fue impulsada por la frustración tras el fallido golpe de Estado de abril de 2002. Después de que 11 de los 20 magistrados del TSJ votaran a favor de calificar los eventos como un "vacío de poder" que exoneraba a los militares involucrados, el líder revolucionario decidió tomar control de la institución. En marzo de 2005, tan pronto como se alteró la composición del máximo juzgado con más magistrados afines, la Sala Constitucional anuló el fallo que había favorecido a los oficiales vinculados con el golpe. Esta demostración de poder judicial concentrado sentó un precedente que caracterizaría al chavismo durante las siguientes décadas.
En 2022, el gobierno de Nicolás Maduro realizó la primera reducción del número de magistrados, regresando a 20 integrantes bajo el argumento de fortalecer la eficiencia y efectividad del tribunal. Sin embargo, actores políticos y organizaciones civiles denunciaron que el resultado fue un máximo juzgado configurado a imagen y semejanza de Maduro y su esposa Cilia Flores, con magistrados que mantenían vínculos directos con la pareja presidencial. Casos emblemáticos fueron los presidentes de las salas Social y Penal, con relaciones familiares documentadas con la familia Flores.
La propuesta actual de Delcy Rodríguez busca volver a los 32 magistrados en un contexto político turbio marcado por las disputas de poder en el seno del chavismo. Esta reforma legislativa representa la continuidad de una estrategia de control institucional que ha caracterizado al movimiento político desde sus inicios, demostrando que independientemente de los cambios de liderazgo, la lógica de captura del poder judicial permanece como una constante de la práctica política venezolana. El patrón se repite: modificar la ley para asegurar mayorías judiciales afines que blindan las decisiones políticas del ejecutivo.
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