Un tribunal venezolano condenó el 5 de mayo de 2026 a 30 años de prisión a María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador en un caso que comenzó en 2022. Sin embargo, la sentencia reabre interrogantes sobre la legalidad del proceso y ha reavivado controversias sobre las garantías procesales en la investigación denominada caso Tancol.
Familiares y defensores de los condenados denuncian que el expediente judicial se construyó en medio de desapariciones temporales, torturas e irregularidades procesales graves. Nurys Villamizar, madre de Luis y Richard Domador, afirma que sus hijos permanecieron desaparecidos durante ocho días tras su detención inicial, tiempo durante el cual fueron trasladados a diferentes puntos incluyendo el río Torbes, donde fueron obligados a arrodillarse y amenazados de muerte por funcionarios públicos.
Según los relatos de la familia, los acusados fueron golpeados, asfixiados con bolsas plásticas y colgados durante varios días en poder de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Los hermanos Domador fueron detenidos inicialmente en San Cristóbal, estado Táchira, y posteriormente trasladados a las instalaciones de Rodeo II y luego a la prisión de Yare. Los allegados denuncian que antes de cualquier sentencia firme, los acusados ya eran presentados públicamente como terroristas.
Los defensores argumentan que esta estigmatización previa no solo condicionó la percepción pública del caso, sino que comprometió garantías fundamentales del debido proceso legal. La familia cuestiona la validez de una condena que, en su criterio, se construyó sobre la base de violaciones a derechos humanos y procedimientos irregulares que deberían invalidar el proceso judicial completo.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
