La canasta alimentaria de una familia de cinco personas en Venezuela experimentó un incremento del 5,5% durante el mes de abril respecto a marzo, alcanzando un costo de 730,59 dólares, según datos divulgados por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Este aumento representa una necesidad adicional de 38,27 dólares por familia en comparación con el mes anterior, cuando el costo fue de 692,32 dólares. El organismo también destacó que las familias requieren 13,33 dólares adicionales para la compra de agua potable, debido a que el recurso distribuido por las tuberías del país no cumple con los parámetros básicos de potabilidad.
La situación económica contrasta drásticamente con lo establecido en la Constitución venezolana, que garantiza a todo trabajador el derecho a un salario "suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas". Sin embargo, el salario mínimo se encuentra congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalente a apenas 25 centavos de dólar, cubriendo únicamente el 0,03% de la canasta alimentaria necesaria. Esta brecha abismal entre los ingresos y los costos de vida refleja la profunda crisis económica que atraviesa la nación.
En respuesta a esta problemática, el Gobierno ha implementado una política basada en bonificaciones en lugar de aumentos salariales permanentes. Los trabajadores públicos reciben dos bonos que suman 240 dólares: uno de 40 dólares destinado a alimentación y otro de 200 dólares denominado "bono contra la guerra económica", ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día. Estos mecanismos no generan incidencia en los beneficios laborales y no representan aumentos reales de salarios, lo que ha generado rechazo generalizado entre trabajadores y sindicalistas de diversos sectores que demandan remuneraciones dignos.
La inflación del país ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento de precios del 10,6% únicamente en abril, acumulando una inflación del 90% en los primeros cuatro meses del año. Esta situación ha motivado movilizaciones de protesta, incluyendo la convocatoria de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) a un paro nacional de 24 horas para las universidades públicas, donde además de exigir salarios dignos, solicitan la regularización inmediata del pago del Bono de Responsabilidad Profesional, que según denuncias solo ha sido cobrado por aproximadamente el 25% de los profesores universitarios.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
