Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez aprobó una Ley de Amnistía que ha permitido la liberación de miles de presos políticos. Esta medida, descrita como una "esperanza para Venezuela", buscaba suspender las condenas por delitos cometidos durante las protestas antigubernamentales entre 2002 y 2025, con 1.557 solicitudes de amnistía presentadas inmediatamente. De manera paralela, el régimen cubano también ha iniciado un proceso de liberación de presos políticos, liberando 51 en febrero de 2026 y anunciando la liberación de 2.000 más durante el Viernes Santo, en medio de una profunda crisis de abastecimiento y presión internacional.
La práctica de amnistiar presos políticos como primer paso hacia la transición democrática es característica del mundo hispanohablante, diferenciándose notablemente de la experiencia europea. En Alemania, los prisioneros nazis fueron liberados únicamente con el colapso de la dictadura, mientras que en Alemania Oriental la liberación masiva ocurrió en noviembre de 1989 ya durante el declive del régimen. En contraste, España pioneró este modelo de transición democrática mediante amnistía recíproca en 1977, aprobando una ley que liberaba presos políticos pero protegía a las fuerzas de seguridad dictatoriales de ser procesadas judicialmente.
Este modelo español de impunidad se convirtió en un patrón influyente para las transiciones democráticas en América Latina durante las décadas siguientes. Chile emitió un decreto de amnistía en 1978 que declaraba impunes todos los crímenes cometidos desde el golpe militar de Pinochet, estableciendo un precedente seguido por otros regímenes. Bolivia y Uruguay también implementaron leyes de amnistía recíproca tras el fin de sus dictaduras en 1982 y 1985 respectivamente, protegiendo así a las élites militares de enfrentar justicia por sus crímenes.
Argentina representó una excepción significativa a este patrón regional de impunidad. Tras su derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982, la junta militar argentina intentó protegerse mediante una Ley de Pacificación Nacional, pero este intento fracasó, permitiendo que posteriormente se iniciaran procesos judiciales contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. La pregunta central ahora es si Venezuela y Cuba seguirán el modelo hispanoamericano de amnistía e impunidad o si establecerán nuevos precedentes de justicia transicional.
Fuente: DW — Ver nota original
