La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que aumenta de 20 a 32 el número de magistrados de la máxima corte del país. La medida fue sancionada por unanimidad en medio de un nuevo proceso de designación de jueces para cubrir vacantes generadas por renuncias y jubilaciones. La reforma también reorganiza la composición interna del tribunal, elevando los integrantes de la Sala Constitucional de cinco a siete magistrados, mientras que las demás salas tendrán cinco miembros cada una en lugar de tres.
Desde el gobierno, la reforma fue presentada como un paso hacia la democratización del sistema judicial y la ampliación del acceso a la justicia. El diputado Nicolás Maduro Guerra afirmó que el Parlamento recibió más de mil escritos respaldando la modificación legal, destacando que el aumento de magistrados busca acelerar procesos que actualmente enfrentan significativos retrasos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, solicitó además que la comisión legislativa responsable de seleccionar nuevos magistrados garantice que el proceso se adapte a los nuevos lineamientos.
Sin embargo, sectores disidentes y especialistas advierten que el verdadero problema del sistema judicial no radica en la cantidad de magistrados sino en la falta de independencia de los tribunales frente al poder político. El diputado Luis Florido sostuvo durante el debate que el deterioro del sistema de justicia está directamente vinculado a la politización de la justicia y a la influencia política sobre los jueces. De manera similar, Stalin González cuestionó el alcance de la reforma y pidió enfocarse en cambios más profundos, argumentando que la muerte del preso político Víctor Quero Navas bajo custodia estatal expone las fallas estructurales del aparato judicial.
El abogado y analista Alí Daniels también criticó la iniciativa desde fuera del Parlamento, afirmando que la cuestión fundamental no es tener veinte o treinta y dos magistrados, sino contar con jueces que se atrevan a dictar sentencias en contra de los intereses del poder Ejecutivo. Esta posición refleja una preocupación compartida por múltiples sectores sobre la independencia judicial en Venezuela, poniendo en duda que simplemente aumentar el número de magistrados resuelva los problemas estructurales del sistema de justicia del país.
Fuente: Infobae — Ver nota original
