La organización Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, exigió una investigación "oportuna, real y sin opacidad" sobre las irregularidades cometidas durante años por funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para proteger al empresario colombiano-venezolano Álex Saab. El reclamo surge tras la entrega de Saab a las autoridades estadounidenses el 16 de mayo de 2026, cuando el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería lo presentó como "ciudadano colombiano" deportado por estar "incurso en la comisión de diversos delitos", marcando un giro radical respecto a la protección política y jurídica que recibió durante más de una década en Venezuela.
Según reportes de la organización, Saab recibió millonarios contratos estatales, nacionalidad venezolana, pasaporte diplomático e incluso fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional mediante decreto presidencial el 18 de octubre de 2024. Anteriormente, en 2018, había sido nombrado "enviado especial" para manejar relaciones comerciales con Irán, lo que le otorgó protección diplomática que invocó ante su detención en Cabo Verde y posterior extradición a Estados Unidos. La organización destaca que no existe información pública sobre la revocatoria de su nacionalidad venezolana, requisito que según la Constitución debe realizarse mediante sentencia judicial.
Transparencia Venezuela plantea interrogantes críticas sobre quiénes aprobaron sus contratos millonarios, quiénes avalaron su nacionalización y designación ministerial, y quiénes ocultaron o ignoraron las acusaciones internacionales en su contra. La organización advierte que esta opacidad no solo afecta el caso Saab, sino que erosiona la institucionalidad del país. El comunicado oficial del gobierno contrasta fuertemente con las defensas anteriores del chavismo, cuando en 2022 el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmaba que Saab debía ser liberado por su condición de diplomático.
La entrega de Saab a autoridades estadounidenses sin mayor detalle público representa una contradicción que preocupa a los defensores de la transparencia. La ausencia de sentencia pública de extradición en el sitio del Tribunal Supremo de Justicia añade más interrogantes sobre los procedimientos seguidos. Para Transparencia Venezuela, los ilícitos e irregularidades cometidos para proteger al empresario durante años no pueden quedar impunes y requieren investigación exhaustiva sobre los funcionarios involucrados en su favorecimiento.
Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original
