Solórzano señala inconsistencias en muerte de preso político Víctor Quero

Solórzano señala inconsistencias en muerte de preso político Víctor Quero

La opositora Delsa Solórzano expresó este martes durante una entrevista televisiva las múltiples dudas que rodean el caso de Víctor Hugo Quero Navas, preso político que permaneció en desaparición forzada bajo custodia del Estado chavista y falleció mientras su madre, Carmen Teresa Navas, lo buscaba desesperadamente en las cárceles venezolanas. Solórzano enfatizó que aunque el caso es profundamente doloroso, requiere un análisis riguroso desde la perspectiva jurídica y de derechos humanos para esclarecer las circunstancias de su muerte.

La dirigente opositora cuestionó las inconsistencias en las fechas oficiales del fallecimiento reportadas por las autoridades. Según Solórzano, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios informó que Quero murió el 24 de julio, sin embargo, la lápida provisional indica el 27 de julio, mientras que el acta de defunción consigna el 30 de julio. Esta discrepancia temporal de seis días resulta inexplicable y levanta sospechas sobre la veracidad de la información oficial proporcionada por el Estado.

Otro punto crítico que destacó Solórzano es la violación de protocolos legales de manejo de cadáveres. Conforme a la Ley de Servicios Funerarios venezolana, cuando una persona fallece en un hospital, especialmente si se trata de un privado de libertad, el cuerpo debe ser entregado a la familia en un máximo de cuatro horas. En el caso de Quero, transcurrieron diez meses entre su muerte y cualquier comunicación oficial, lapso que viola completamente la normativa establecida y genera serias dudas sobre lo ocurrido durante ese período.

Solórzano también subrayó que el Estado venezolano tiene responsabilidad constitucional sobre la vida y salud de todos los detenidos bajo su custodia. El que Quero haya fallecido en prisión y que la información oficial sea contradictoria agrava la sospecha de que las autoridades encubrieron circunstancias relevantes. La activista enfatizó que estas inconsistencias jurídicas y procedimentales exigen investigaciones independientes y transparentes para establecer las verdaderas causas del deceso.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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