Según el informe anual "Cartografía del silencio" presentado por la Red Voces del Sur, el Estado venezolano intensificó su represión contra la prensa, escalando su participación en ataques de un 55,8% en 2024 a un alarmante 72,3% en 2025. El estudio documentó 2.484 alertas de agresiones que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países de América Latina y el Caribe, siendo Venezuela responsable de 88 alertas con 155 víctimas. Aunque las cifras representan una reducción numérica respecto al período anterior, los analistas subrayan que este descenso no indica mejora alguna, sino refleja un preocupante fenómeno de autocensura entre profesionales de la comunicación.
Los métodos de represión se diversifican cada vez más, con agresiones verbales, escritas y digitales como principales instrumentos de coacción, representando el 21,5% del total documentado. El análisis de origen revela la intencionalidad política de estos ataques: el 71,4% provienen directamente de actores estatales y un 14,3% de grupos paraestatales coordinados. El informe también documenta 15 detenciones arbitrarias de 16 profesionales de la comunicación, además de tres casos de desaparición forzada empleados como mecanismo de intimidación sistémica contra la prensa.
Más allá de la represión física y legal, el Estado implementa restricciones sofisticadas al acceso a la información, incluyendo bloqueos selectivos a comunicadores en actos oficiales, intimidación coordinada y criminalización de opiniones sobre temas económicos. Estas medidas han forzado a trabajadores de medios a reducir su exposición pública, prescindir de sus firmas y practicar la autocensura como estrategia de supervivencia profesional. El hostigamiento judicial complementa este arsenal represivo, creando un entorno donde la libertad de expresión se erosiona constantemente mediante múltiples frentes de ataque.
La precarización del ecosistema mediático venezolano se acelera por la falta crónica de financiamiento, obligando a medios y organizaciones periodísticas a desmantelar equipos y reducir capacidades operativas de forma drástica. Miles de profesionales han abandonado la profesión, golpeando especialmente al periodismo local e intensificando los desiertos informativos en regiones vulnerables. En contexto regional, Colombia, México, Argentina y El Salvador completan el panorama crítico con 468, 400, 278 y 205 casos de agresiones documentadas respectivamente.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
