El senador republicano estadounidense Rick Scott solicitó este viernes el restablecimiento inmediato de las sanciones contra Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo venezolano, tras conocerse la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del régimen. La demanda del legislador por Florida representa un giro en las relaciones diplomáticas, ya que en abril pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había levantado formalmente las sanciones individuales, financieras y de visado que pesaban sobre Rodríguez desde 2018, cuando fue incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
Según Scott, Quero Navas fue secuestrado, torturado, aislado y posteriormente asesinado por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. El senador denunció que durante dieciséis meses su madre, Carmen, recorrió prisiones buscando respuestas mientras el régimen ocultaba que su hijo había sido asesinado y enterrado nueve meses antes de que se informara oficialmente su muerte. El Ministerio de Servicio Penitenciario confirmó que Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar, tras permanecer en desaparición forzada desde enero de ese año.
El legislador estadounidense enfatizó que Delcy Rodríguez debe responder ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional por lo que calificó como un crimen de lesa humanidad. Además, reiteró su posición de que todos los presos políticos en Venezuela deben ser liberados, incluidos aquellos catalogados como desaparecidos por las autoridades. "Toda persona responsable de este crimen de lesa humanidad rendirá cuentas", aseveró Scott en su mensaje publicado en redes sociales.
La muerte de Quero Navas ha generado cuestionamientos adicionales sobre las actuaciones de las autoridades judiciales venezolanas, ya que un tribunal negó la amnistía y mantuvo la causa judicial abierta dos días después de que se confirmara el fallecimiento, a pesar de que el acusado llevaba nueve meses enterrado. El caso refleja las denuncias internacionales sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela y ha motivado que funcionarios estadounidenses replanteen sus posiciones respecto a las medidas coercitivas contra funcionarios del gobierno Maduro.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
