Tras casi un año en prisión, el periodista venezolano Rory Branker logró recuperar su libertad después del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en enero. Sin embargo, su situación legal sigue siendo precaria. A pesar de que el nuevo gobierno venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, aprobó una ley de amnistía que autoriza anular cargos penales contra ex presos políticos de los últimos 26 años, Branker fue uno de los casos donde su petición de amnistía fue denegada.
El director de contenidos del portal independiente La Patilla continúa enfrentando graves acusaciones que incluyen terrorismo, traición, conspiración para cometer delitos e incitación al odio. De ser declarado culpable en estas causas, podría ser enviado nuevamente a la cárcel por varias décadas. "Creo que el gobierno venezolano aún no ha terminado de fastidiarme", declaró Branker, de 47 años, en una entrevista con el Comité para la Protección de Periodistas el pasado 1 de mayo.
Branker no es el único periodista que enffrenta esta situación de limbo legal. Según el Sindicato Nacional de Periodistas de Venezuela (SNTP), de los 28 periodistas liberados tras la caída de Maduro, ocho aún tienen cargos penales pendientes. El sindicato denunció que "la aplicación ha sido inconsistente" y exigió que la ley de amnistía se aplique de forma íntegra, sin interpretaciones restrictivas, para garantizar el archivo inmediato de estos casos.
A pesar de que en la Venezuela posterior a Maduro existe mayor libertad para informar, persisten amenazas a la libertad de prensa. La autocensura es generalizada y muchos periodistas venezolanos permanecen en el exilio tras huir del país durante la última década. La aplicación arbitraria de la ley de amnistía evidencia que los avances en materia de libertad de expresión siguen siendo frágiles e insuficientes.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
