El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) demandó formalmente la renuncia del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, argumentando que su gestión ha fracasado en garantizar la vida y dignidad de los reclusos en el sistema carcelario nacional. Según registros de la organización, al menos 17 presos han fallecido en menos de un mes, lo que evidencia el grave deterioro de las condiciones penitenciarias bajo su administración. La ONG enfatizó que estos números reflejan una realidad crítica que va más allá de simples estadísticas, representando una crisis humanitaria en las prisiones venezolanas que requiere acciones inmediatas y efectivas.
El Observatorio señaló casos emblemáticos que demuestran las fallas sistemáticas del ministerio. Mencionó el motín en el Centro Penitenciario Yare III ocurrido el 21 de abril, que dejó cinco muertos, cuyas causas fueron ocultadas mediante un discurso oficial que culpabilizó únicamente a los reclusos como "líderes negativos y miembros de bandas criminales", ignorando las condiciones estructurales que generaron el conflicto. Asimismo, denunció el caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte fue anunciada nueve meses después de ocurrida, revelando la falta de transparencia y la negligencia institucional en el manejo de información sobre fallecimientos en las cárceles.
La organización también denunció graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso no autorizado de la imagen de la presa política Emirlendris Benítez en una campaña ministerial del Día de la Familia. Benítez, detenida en 2018 mientras estaba embarazada bajo acusaciones relacionadas con un supuesto atentado, ha sufrido torturas que le causaron un aborto. El OVP calificó este acto como "violencia institucional y revictimización", evidenciando cómo el ministerio instrumentaliza a víctimas de represión para mejorar su imagen pública mientras ignora sus sufrimientos reales.
El Observatorio Venezolano de Prisiones concluyó que la gestión de García Zerpa prioriza la manipulación comunicacional y el "maquillaje" de la realidad carcelaria por encima de salvar vidas y respetar la dignidad humana. Más allá de exigir la renuncia del titular del ministerio, la ONG demanda una investigación exhaustiva e imparcial sobre cada muerte registrada en las cárceles del país, enfatizando que la asistencia médica en estos centros es inexistente o selectiva, mientras que el ministerio sostiene en redes sociales garantías de salud que no se cumplen en la práctica.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
