Decenas de miles de personas se movilizaron en las principales ciudades argentinas, especialmente en Buenos Aires, para exigir al presidente Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Parlamento en agosto de 2025. Las manifestaciones congregaron a estudiantes, docentes y dirigentes políticos de diversos sectores, desde el peronismo hasta la izquierda, en rechazo al estrangulamiento financiero de las instituciones educativas. El lema más repetido entre los manifestantes fue "Milei, cumplí la ley", reflejando la frustración por la desobediencia del Poder Ejecutivo a una norma sancionada democráticamente.
La situación de las universidades públicas argentinas ha alcanzado niveles críticos, con una caída del 29 por ciento en la ejecución real del gasto universitario entre 2023 y 2025, llegando al nivel más bajo desde 2006. El presupuesto vigente para este año profundiza aún más esta tendencia negativa, agravada por un nuevo recorte decretado por el gobierno la semana pasada. Esta política ha impactado severamente los salarios del personal académico, cuyo salario básico mensual para un docente con dedicación exclusiva es actualmente de 1,06 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 650 euros, afectando la capacidad de retención de profesionales.
Milei vetó la ley de financiamiento universitario tras su aprobación parlamentaria, pero su veto fue rechazado por una mayoría del cuerpo legislativo, dejándolo sin efecto legal. Dos instancias judicales han ordenado a la Casa Rosada cumplir con la normativa, sin embargo, el gobierno ha apelado ante la Corte Suprema de Justicia en última instancia, que aún no se ha pronunciado sobre el caso. Esta batalla legal representa un precedente inédito de desobediencia del Poder Ejecutivo a una ley en la actual era democrática argentina, escalando la tensión institucional.
El gobierno argumenta que cumplir la ley de financiamiento universitario llevaría al Estado "a la quiebra", por lo que se rehúsa a implementarla hasta que el Parlamento especifique "cómo financiar el gasto". La Casa Rosada catalogó las manifestaciones como "actos opositores", minimizando una movilización que evidencia el creciente desgaste político del mandatario libertario ante sectores clave de la sociedad argentina. Esta confrontación entre el Ejecutivo y las universidades públicas refleja una tensión más profunda sobre las prioridades fiscales del gobierno.
Fuente: El Mundo — Ver nota original
