El activista y defensor de derechos humanos Marino Alvarado expresó fuertes cuestionamientos sobre la extradición de Alex Saab hacia Estados Unidos, donde enfrentará procesos judiciales por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. A través de su cuenta en redes sociales, Alvarado señaló la contradicción fundamental del caso: el Estado venezolano deportó a Saab afirmando su nacionalidad colombiana, lo que abre interrogantes sobre la legitimidad del procedimiento y requiere investigación por parte del Ministerio Público. Esta deportación plantea dudas sobre cómo se ejecutó la medida y bajo qué marco legal se procedió con un individuo que el propio gobierno reconoce como extranjero.
El defensor de derechos humanos cuestionó severamente las decisiones administrativas que permitieron que Saab ocupara cargos ministeriales a pesar de su nacionalidad colombiana. Alvarado preguntó públicamente cómo fue posible que un extranjero fuera designado ministro y permaneciera durante varios meses ejerciendo funciones dentro de la estructura gubernamental sin respeto aparente a los derechos fundamentales de defensa. Esta anomalía administrativa sugiere una falta de aplicación de la ley y procedimientos que estarían fuera de los marcos constitucionales y legales establecidos.
Alvarado criticó además la movilización de recursos estatales para respaldar la liberación de Saab cuando permanecía detenido en el exterior. Según el activista, el gobierno chavista invirtió millones de dólares en campañas políticas y propagandísticas para exigir su liberación, paralizando instituciones públicas y obligando a trabajadores del Estado a participar en marchas y movilizaciones a favor del empresario colombiano. Esta utilización de recursos públicos y aparato estatal para una causa personal representa, en criterio del defensor, un abuso de poder y una desviación de fondos que debieran destinarse a servicios públicos esenciales.
El pronunciamiento de Alvarado refleja las contradicciones internas del gobierno chavista respecto al caso Saab, quien durante años fue presentado como víctima de persecución política estadounidense mientras ocupaba posiciones clave en la administración. La extradición, finalmente concretada mediante la figura de deportación, pone de manifiesto las inconsistencias legales y administrativas que caracterizaron el tratamiento del caso, generando preguntas sin respuesta sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Saab y el régimen, así como sobre los criterios utilizados para designar a extranjeros en posiciones de poder dentro del Estado venezolano.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
