La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju denunció a través de redes sociales el caso de la familia Castillo Hernández, que involucra la detención arbitraria de Aranza (19 años) y Henry Castillo, así como de la adolescente Samantha (16 años). Según el relato de la defensora, las personas fueron capturadas por cuerpos de seguridad sin órdenes judicales previas. Este caso se suma a una creciente lista de familiares de perseguidos políticos que son detenidos arbitrariamente en el país.
La estrategia de utilizar a familiares como "rehenes" para presionar a allegados ha sido documentada por organizaciones de derechos humanos en múltiples ocasiones. Suju alertó específicamente sobre la vulnerabilidad de la menor de edad Samantha, quien se encuentra detenida sin que existan garantías legales que protejan su integridad. La falta de transparencia en estos casos agrava la situación, impidiendo que las familias conozcan los detalles de las acusaciones formales.
La defensora destacó la grave violación de derechos constitucionales que representa la ausencia de órdenes judicales en estas capturas. La detención sin mandamiento judicial contradice los protocolos legales establecidos y constituye un acto de represión política sistemática. Estos procedimientos irregulares revelan un patrón de persecución contra familias vinculadas con activistas y opositores políticos.
La comunidad internacional ha expresado preocupación por el aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el país. Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado cientos de casos similares al de la familia Castillo Hernández. La falta de acceso a información oficial sobre el paradero y las condiciones físicas de los detenidos agrava la crisis de seguridad jurídica y derechos fundamentales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
