Wilfredo, un niño venezolano de apenas diez años, vivirá un momento de alivio tras meses de angustia y separación de su madre. Lo que comenzó como una parada de tránsito rutinaria en Houston, Texas, se convirtió en una pesadilla legal cuando su madre, Nexoli Gómez, quedó bajo custodia de las autoridades migratorias. Desde ese momento, el menor ha tenido que enfrentar solo el complejo sistema judicial estadounidense, sin el respaldo de un abogado que lo representara. El impacto emocional fue profundo: durante meses, Wilfredo sintió un vacío en el pecho al no poder abrazar a su madre, hasta que finalmente logró verla el 11 de mayo en un centro de detención.
La situación se agravó cuando las autoridades notificaron al menor que sería deportado a Ecuador, un país donde no tiene familia alguna. Además, le informaron que su caso era ahora independiente del de su madre, lo que significaba que tendría que presentarse ante jueces de inmigración de manera autónoma, sin representación legal. Wilfredo se unió así a cientos de menores que enfrentan estas circunstancias, expuestos a un sistema que no siempre considera sus derechos fundamentales ni su bienestar.
El lunes 11 de mayo, durante su más reciente audiencia en Houston, la tensión era palpable. El Departamento de Seguridad Nacional solicitaba formalmente la deportación del menor a un tercer país, pero el juez a cargo tomó una decisión que reflejaba sentido común y protección infantil. Según explicó Milton Torres, abogado que ahora lleva su defensa, el magistrado rechazó la petición argumentando que "el menor todavía es muy niño y solo no puede responder a esa moción". La decisión del juez detuvo el proceso de deportación, ofreciendo al niño una oportunidad de permanecer más cerca de su madre.
Mientras Nexoli Gómez continúa detenida a la espera de resolución de su propio caso, Marife Mosquera, quien fuera empleadora de la madre, ha asumido el papel de tutora legal de Wilfredo. Esta medida provisional brinda al niño un respaldo institucional mientras su caso avanza en el sistema judicial. La resolución, aunque no definitiva, representa un triunfo importante para el menor y evidencia que en ocasiones, la intervención de jueces conscientes puede hacer la diferencia en las vidas de menores migrantes vulnerables.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
