Human Rights Watch (HRW) criticó duramente este miércoles la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela, calificándola de «injusta y opaca». La organización internacional señaló que la implementación de la normativa promulgada en febrero pasado está muy lejos de garantizar la liberación incondicional de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, expresó que esta aplicación deficiente ha «socavado aún más la liberación de los presos políticos» en el país suramericano. La ONG instó a las autoridades venezolanas a garantizar que la ley se aplique de manera transparente y en su totalidad, además de explorar vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios.
Entre las principales deficiencias identificadas por HRW se encuentra que, aunque la ley afirma abarcar actos cometidos desde 1999, limita la elegibilidad únicamente a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos «en el contexto» de eventos específicos ocurridos en ciertos años. Además, incluye disposiciones vagas que permiten a los jueces denegar arbitrariamente la amnistía a personas que han sido procesadas por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Esta restricción selectiva vulnera el espíritu de una ley que debería beneficiar a todos los afectados por persecución política durante casi tres décadas.
HRW documentó problemas adicionales en la implementación práctica de la ley de amnistía. La organización encontró que algunas personas que solicitan la amnistía no han sido debidamente informadas sobre los cargos específicos que se les imputan ni sobre las pruebas presentadas en su contra, lo que imposibilita argumentar adecuadamente que cumplen con los criterios de elegibilidad. En otros casos, los jueces tampoco han fundamentado y motivado debidamente sus decisiones de denegar la amnistía, mientras que han restringido el acceso a los expedientes de los casos y a la representación legal de abogados particulares. Estos obstáculos procesales han generado un sistema opaco donde los solicitantes carecen de garantías mínimas.
Los problemas de corrupción han agravado aún más la situación. Familiares de presos políticos denunciaron en marzo cobros en dólares en tribunales para entregar las notificaciones que otorgan libertad plena bajo la ley de amnistía. Recientemente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró tener información sobre jueces que han cobrado en este proceso y exigió tomar medidas contra ellos. Aunque la normativa contempla un período de 27 años desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, la ley restringe su alcance al beneficiar únicamente a personas vinculadas con 13 «hechos» específicos ocurridos en años distintos, excluyendo el resto del tiempo y limitando severamente su alcance real.
Fuente: EFE Venezuela — Ver nota original
