Tras tres años de absoluta opacidad, el sistema de justicia venezolano sacó del congelador el caso Pdvsa-Cripto, el mayor desfalco petrolero en la historia reciente del país. El juicio comenzó formalmente el 20 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Caracas, radicado en el Tribunal 3° de Juicio con competencia en Terrorismo. Según la acusación del Ministerio Público, el daño supera los 5.550 millones de dólares, aunque organizaciones como Transparencia Venezuela calculan que el perjuicio patrimonial real excede los 16.900 millones de dólares, involucrando operaciones fraudulentas con petróleo y criptomonedas como protagonistas.
El proceso judicial involucra a 64 personas imputadas, entre las que figuran exjerarcas que alguna vez fueron considerados «intocables» en el gobierno venezolano. Los acusados incluyen al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, el exministro de Economía Simón Zerpa, el exvicepresidente de Comercio de Pdvsa Antonio Pérez Suárez, y el exdiputado Hugbel Roa. Todos ellos fueron presentados ante la jueza Alejandra Romero Castillo bajo una pesada lista de cargos que incluye traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La defensa ha denunciado que el proceso se caracteriza por la más absoluta opacidad, violando principios fundamentales del debido proceso. Ni el Ministerio Público ni el Tribunal Supremo de Justicia han ofrecido información oficial alguna sobre las actuaciones, contraviniendo el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal que establece la publicidad de los juicios. Los abogados defensores, en su totalidad, solicitaron la anulación del proceso argumentando violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la instrucción del caso.
La primera audiencia se extendió hasta la madrugada del 21 de abril, siendo suspendida alrededor de la 1:10 a.m. y diferida para el día siguiente. Durante ese encuentro fueron juramentados aproximadamente 50 abogados para representar a los imputados. Lo que el Ministerio Público presenta como una cruzada contra la corrupción, los acusados y sus defensores denuncian como una purga política ejecutada mediante «sicariato judicial» y torturas sistemáticas, en un proceso que se mueve entre la más completa opacidad y graves cuestionamientos sobre su legitimidad.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
