La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, sostuvo una mesa de trabajo con representantes de los distintos gremios y sectores del sistema sanitario nacional para velar por la garantía del derecho constitucional a la salud. Durante el encuentro, los voceros gremiales expusieron la realidad operativa y laboral que atraviesan los centros asistenciales públicos del país, describiendo una preocupante disminución en la capacidad funcional y estructural de hospitales y ambulatorios, motivada principalmente por la insuficiencia de insumos médicos necesarios para dar cobertura oportuna a la población.
Los representantes gremiales, encabezados por Pablo Zambrano, alertaron que las condiciones salariales actuales de los trabajadores del sector salud son tan precarias que han impulsado una migración masiva de personal calificado hacia el sector privado. Esta fuga de talento humano afecta significativamente la disponibilidad de profesionales en el sistema público, comprometiendo la calidad y continuidad de la atención sanitaria en instituciones estatales que ya enfrentan limitaciones presupuestarias y de recursos.
Uno de los puntos más críticos evaluados fue el riesgo epidemiológico y de bioseguridad generado por la proliferación de laboratorios y centros de diagnóstico improvisados en las adyacencias de las principales instituciones hospitalarias. Los voceros gremiales advirtieron que en estos espacios no autorizados se realizan tomas de muestras bajo tarifas reducidas, presuntamente utilizando sellos y firmas de profesionales acreditados de manera fraudulenta, lo que representa un grave riesgo para la salud pública.
Los representantes gremiales solicitaron la mediación de la Defensora del Pueblo para que la Asamblea Nacional revise de inmediato el marco jurídico vigente, específicamente la Ley Orgánica de Salud, la Ley del Sistema de Salud y la Ley Orgánica de Seguridad Social. La Defensora ratificó su disposición de mantener un acompañamiento técnico constante al sector sanitario, enfatizando que procesará estas demandas con un enfoque social, humanitario y de derechos humanos para garantizar respuestas institucionales efectivas.
Fuente: El Universal — Ver nota original
