La caída política y judicial de José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión al conectarse con uno de los capítulos más oscuros del chavismo: el programa CLAP destinado a la distribución de alimentos para millones de venezolanos empobrecidos. Un auto de imputación conocido esta semana no solo lo vincula con el rescate de Plus Ultra, sino que establece una presunta red de influencias en España. Lo más relevante es que la Audiencia Nacional española conecta la trama directamente con fondos procedentes de PDVSA y del sistema CLAP, lo que amplifica significativamente la gravedad de las acusaciones.
Durante años, Zapatero se posicionó como "mediador", "facilitador" y defensor del diálogo con el régimen chavista, viajando constantemente a Caracas y apareciendo junto a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Defendía públicamente la narrativa oficial del aparato propagandístico chavista y minimizaba denuncias de violaciones de derechos humanos. Ahora, la justicia española lo sitúa presuntamente al frente de una estructura de tráfico de influencias, falsedad documental y posible blanqueo de capitales, evidenciando un giro radical en su imagen política.
El CLAP representa un mecanismo central en la corrupción chavista, permitiendo que el entorno de Alex Saab se enriqueciera mientras millones de venezolanos hacían colas para conseguir comida. Investigaciones del Departamento del Tesoro estadounidense documentaron durante años cómo empresarios vinculados al chavismo inflaron contratos de alimentos, desviaron fondos públicos y utilizaron empresas fantasmas para lavar dinero proveniente del programa alimentario. Este es precisamente el universo financiero que ahora aparece conectado a Zapatero en la investigación española.
El expresidente socialista aparece mencionado dentro de un entramado donde convergen petróleo venezolano, rescates financieros, sociedades offshore y dinero vinculado a programas sociales del chavismo. Según la investigación, sociedades relacionadas con el entorno de Zapatero habrían recibido importantes sumas de dinero desde empresas bajo sospecha. El juez describe una estructura que sugiere operaciones coordinadas para el blanqueo de capitales originarios de recursos públicos venezolanos destinados teóricamente a alimentar a la población vulnerable.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
