Al menos 15 reclusos han fallecido en las cárceles venezolanas entre abril y mayo de 2026, según denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organismo independiente que ha exigido la destitución inmediata del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. La organización defensora de derechos humanos señala que la crisis penitenciaria se agrava progresivamente debido al hacinamiento, retardo procesal, traslados arbitrarios, enfermedades y la ausencia total de garantías para la vida e integridad de las personas privadas de libertad.
Los escándalos en el despacho de García Zerpa se han multiplicado en las últimas semanas. El 21 de abril, el ministerio reportó un "motín" en la cárcel de Yare III que dejó cinco muertos, mientras que en la comunidad penitenciaria Fénix del estado Lara se han registrado tres fallecimientos. Sin embargo, el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien fue preso político en estas instalaciones, cuestionó la versión oficial afirmando que en Yare III y II se aplican torturas y que los reclusos no tienen acceso ni a elementos básicos como cortauñas debido a requisas permanentes.
La situación se agravó el 7 de mayo cuando el ministerio anunció con diez meses de retraso la muerte del preso político Víctor Quero Navas, ocurrida el 24 de julio de 2025. Las autoridades sostuvieron que el fallecido "no suministró datos sobre vínculos familiares", alegato que fue desmentido públicamente por su madre, Carmen Navas de 81 años, quien acudió a diversas instituciones buscando información sobre su hijo antes de su muerte.
El OVP denuncia que el Estado venezolano ha transferido de manera irregular la responsabilidad asistencial a los familiares de los reclusos, quienes deben costear y gestionar medicamentos que deberían ser garantizados por el ministerio. Un caso emblemático es el de Willian Jonás Colina Delgado, de 59 años, quien murió por tuberculosis en una cárcel de Lara, evidenciando el incumplimiento sistemático del Estado en la provisión de tratamientos médicos adecuados y oportunos para las personas privadas de libertad.
Fuente: Infobae — Ver nota original
