En Venezuela, la prisión política ha cobrado un precio devastador que va más allá de los detenidos. Decenas de madres han pasado años recorriendo cárceles, tribunales militares y organismos de seguridad buscando información sobre sus hijos desaparecidos por motivos políticos. Atrapadas en un circuito de incomunicación, amenazas, trámites opacos y silencio estatal del régimen chavista, muchas de estas mujeres han visto cómo el desgaste físico y psicológico las consume lentamente. El caso de Carmen Teresa Navas ilustra esta realidad: su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, fue detenido en enero de 2025 y permaneció incomunicado durante meses sin información oficial sobre su estado de salud, situación judicial o lugar de reclusión.
Carmen Teresa Navas pasó meses repitiendo la misma pregunta ante organismos públicos, ruedas de prensa y organizaciones de derechos humanos: dónde estaba su hijo y si seguía con vida. Su caso escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares tanto para el detenido como para su madre al considerar que ambos enfrentaban una situación de gravedad y urgencia. Sin embargo, las autoridades venezolanas continuaban sin ofrecer respuestas claras, dejando a la familia sumida en la incertidumbre y la angustia constante.
La confirmación oficial de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas llegó meses después. El gobierno informó que había fallecido bajo custodia estatal en julio de 2025, presuntamente por una insuficiencia respiratoria derivada de un tromboembolismo pulmonar. Para entonces, Carmen Teresa Navas ya había sufrido un desgaste tan severo que también falleció, convirtiéndose en símbolo de otro fenómeno menos visible pero igualmente cruel: el impacto físico y psicológico que enfrentan las familias de presos políticos en Venezuela.
El caso de Carmen Teresa Navas no fue aislado. Meses antes, otras tres mujeres murieron mientras esperaban noticias sobre la liberación de sus hijos: Carmen Dávila, Yarelis Salas y Omaira Navas. Las tres atravesaron años de incertidumbre, protestas y presión constante en medio de procesos judicales opacos y detenciones denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Estos casos exponen un patrón cada vez más visible: la prisión política en Venezuela ya no castiga únicamente a quienes son encarcelados, sino que consume también a sus familias, cobrando vidas entre aquellas que nunca fueron acusadas de delito alguno.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
