Estados Unidos ha generado un régimen de control exhaustivo sobre una eventual reestructuración de la deuda externa venezolana mediante la Licencia número 58 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro. Según un reporte de la consultora EY, este instrumento autoriza determinados servicios al gobierno de Venezuela para iniciar procesos de renegociación de una deuda externa que podría superar los 170.000 millones de dólares acumulados a lo largo de los años.
La licencia funciona como un preámbulo técnico-jurídico que permite al Gobierno interino de Venezuela contratar servicios legales, asesoría financiera y consultoría especializada para inventariar pasivos y establecer la juridicidad de demandas judiciales y laudos arbitrales. Sin embargo, estas contrataciones solo pueden ser realizadas por el Gobierno, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y empresas donde esta última tenga una participación accionaria del 50% o superior, lo que limita significativamente los actores que pueden intervenir en el proceso.
A pesar de estas autorizaciones, la OFAC mantiene restricciones medulares que impiden avances rápidos en la negociación. La licencia prohibe explícitamente la reestructuración, transferencia o liquidación directa de la deuda, así como cualquier negociación directa con acreedores. Además, veda el establecimiento de condiciones de pago no comercialmente razonables, incluyendo canjes de deuda, pagos en oro o denominados en criptomonedas y tokens digitales como el Petro.
Expertos consideran que una eventual renegociación resultará extremadamente compleja debido a la necesidad de inventariar pasivos, resolver disputas legales internacionales y alcanzar acuerdos financieros en mercados de bonos. Aunque algunos analistas estiman que podrían obtenerse descuentos de hasta 70% en la deuda sometida a negociación, aún existe una considerable distancia para que comience un proceso de negociación concreta con los acreedores internacionales.
Fuente: Banca y Negocios — Ver nota original
