Durante 2026, Venezuela ha aprobado un conjunto de reformas legales en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y administración que profundizan significativamente la concentración de poder en el Ejecutivo nacional. Este nuevo marco normativo, integrado por la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), la Ley Orgánica de Minas (LOM) y la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos (LOCOTA), tiene como efecto convergente trasladar decisiones fundamentales que antes requerían control parlamentario hacia la discrecionalidad del presidente de la República y sus ministros, consolidando una lógica de centralización administrativa sin precedentes.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos constituye uno de los ejemplos más relevantes de esta concentración de poderes. La nueva normativa permite al Ejecutivo reducir de forma discrecional la regalía del 30 por ciento cuando considere que es necesario para garantizar el equilibrio económico de los proyectos. En la práctica, esto implica que la carga fiscal de las empresas extractivas puede ser determinada directamente por el presidente de la República, sin necesidad de debate público ni aprobación legislativa. Adicionalmente, la LOH otorga al Ejecutivo la potestad de modificar la alícuota del impuesto integrado de hidrocarburos y de reducir la carga del impuesto sobre la renta en determinados casos, competencias que constitucionalmente corresponden al Poder Legislativo y cuya transferencia contraviene el principio de reserva legal en materia tributaria.
Paralelamente, las nuevas leyes reducen significativamente los mecanismos de control político que tradicionalmente ejercía la Asamblea Nacional sobre decisiones estratégicas. La LOH suprime la exigencia de autorización previa del Parlamento para la constitución de empresas mixtas y la definición de sus condiciones, facultades que ahora pasa a ejercer directamente el Ejecutivo. Aunque la ley ordena notificar al Parlamento a posteriori, esta modificación limita considerablemente el escrutinio público y reduce la transparencia en la gestión de los recursos estratégicos del país, permitiendo que decisiones de alto impacto económico y financiero se adopten sin supervisión legislativa previa.
Esta arquitectura legal representa un giro institucional profundo que consolida un modelo de gobernanza altamente centralizado en la rama ejecutiva, eliminando los contrapesos que establece la Constitución. La combinación de estas reformas permite al Ejecutivo alterar o inaplicar leyes mediante simples actos administrativos, transferir competencias tributarias al Presidente, y tomar decisiones sobre recursos estratégicos sin control parlamentario, configurando un sistema donde la discrecionalidad administrativa predomina sobre los principios de separación de poderes y reserva legal que fundamentan los estados democráticos.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
