La vicepresidenta Delcy Rodríguez realizó una comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para defender la posición venezolana sobre la disputa territorial del Esequibo. Durante su presentación, el gobierno chavista desplegó argumentos jurídicos que incluyeron más de tres mil folios con mapas, correspondencia diplomática y documentos históricos para sustentar el reclamo sobre el territorio en cuestión. Sin embargo, esta actuación judicial se vio acompañada por declaraciones que revelaron una contradicción diplomática fundamental en la estrategia venezolana.
En declaraciones posteriores a su comparecencia, Rodríguez anunció de manera categórica que Venezuela no reconocerá la sentencia que emita el tribunal internacional, independientemente de si el fallo favorece o desfavorece los intereses nacionales. Textualmente afirmó que "sea una sentencia que diga que el laudo fraudulento de 1899 es válido, o sea una sentencia que diga que el laudo fraudulento de 1899 es inválido, Venezuela no la va a reconocer". Esta postura representa un claro rechazo previo a cualquier resolución que pueda emitir la corte, cuestionando el sentido mismo de la participación venezolana en el proceso.
La administración chavista ha insistido en que su participación en la CIJ obedece únicamente al propósito de "fijar su postura histórica" ante el tribunal internacional. Simultáneamente, mantiene la posición de que Venezuela no reconoce la competencia ni la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para conocer sobre este conflicto territorial. Según la versión oficial del régimen, el único mecanismo válido y legítimo para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966, rechazando cualquier intervención de organismos internacionales de justicia.
Cabe destacar que la realidad procesal es más compleja que la narrativa presentada por el chavismo. Fue Guyana quien promovió la demanda ante la CIJ en 2018 con el objetivo de obtener una validación internacional del laudo arbitral de 1899 que define los límites territoriales entre ambas naciones. En 2020, el tribunal internacional resolvió que efectivamente poseía jurisdicción para conocer del caso, a pesar del rechazo y la objeción presentada por Venezuela. Esta decisión jurisdiccional estableció el marco legal para que el proceso continuara adelante, independientemente de la posición de rechazo manifestada posteriormente por Caracas.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
