Los abogados defensores de exfuncionarios de la Policía de Chacao presentaron testimonios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acusando al Estado venezolano de someter a sus representados a torturas sistemáticas durante su detención en las instalaciones de El Helicoide. Según el abogado Carlos Briceño, las agresiones físicas y psicológicas constituyeron una práctica deliberada diseñada para coaccionar confesiones falsas. La acusación representa un paso estratégico en la defensa legal de estos funcionarios públicos que permanecen bajo custodia estatal.
La defensa argumentó que estas prácticas no fueron incidentes aislados, sino parte de una política institucional dirigida a sustentar expedientes judiciales carentes de fundamentos legales sólidos. Según Briceño, el objetivo era obtener incriminaciones falsas contra otros dirigentes políticos, utilizando la coerción como herramienta investigativa. Esta metodología, de acuerdo con los documentos presentados ante la corte internacional, ha sido documentada en múltiples casos similares dentro del sistema penitenciario venezolano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para conocer denuncias de violaciones graves a los derechos humanos provenientes de países miembros de la Organización de Estados Americanos. El sometimiento de este caso ante esta instancia internacional refleja el agotamiento de los recursos internos disponibles en Venezuela para obtener justicia. La presentación de testimonios directos de las víctimas y sus representantes legales busca generar precedentes vinculantes sobre las responsabilidades del Estado.
La decisión de la CorteIDH podría establecer obligaciones de reparación, investigación penal y garantías de no repetición para el Estado venezolano. Este tipo de sentencias internacionales generalmente incluyen medidas como indemnización económica, reconocimiento público de responsabilidad y reformas institucionales para prevenir futuras violaciones. El caso forma parte de una serie de denuncias sobre torturas y detenciones arbitrarias que organizaciones de derechos humanos han documentado sistemáticamente en Venezuela durante los últimos años.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
