La infraestructura pública de Venezuela atraviesa un colapso sistemático que ha obligado a los ciudadanos a absorber con ingresos limitados la responsabilidad de servicios que deberían ser garantizados por el Estado. El deterioro de los servicios básicos ha persistido independientemente de los cambios políticos, convirtiéndose en una constante que define la vida cotidiana de millones de venezolanos. La realidad actual dista mucho de proclamas optimistas: en lugar de celebraciones, los ciudadanos hacen colas interminables para obtener gasoil, velas, gas o agua. La existencia se ha reorganizado alrededor de la escasez, donde el acceso a derechos fundamentales depende enteramente de la capacidad individual para resolver lo que el Estado ha dejado de garantizar.
El agua representa quizás la crisis más visible en el país. En zonas de Caracas como la salida hacia Catia, pobladores como Ana se ven obligados a caminar 15 minutos diariamente hasta un pequeño manantial para recopilar agua en tobos y bidones. Sin acceso a agua corriente en sus viviendas, estas personas utilizan lo que pueden recolectar para bañarse, cocinar y mantener la higiene básica. El viejo carrito de juguete de su hijo se ha convertido en el medio de transporte para estos bidones de agua que representan la diferencia entre subsistir o no. Esta escena no es aislada sino que se repite con alarmante normalidad en la capital del país, donde filas de vecinos esperan turno con envases plásticos, botellas amarradas a motos y carretillas arrastradas a mano.
En febrero del presente año, la administración anunció la centralización del sistema de agua potable bajo la estatal Hidroven, argumentando que esto garantizaría el pleno disfrute del servicio. Esta medida implicó la absorción de todas las hidrológicas regionales y municipales bajo una autoridad única nacional. Sin embargo, tres meses después, los resultados son desalentadores. En zonas como El Chorrito, el servicio de agua por tuberías está disponible únicamente tres días a la semana, lo que evidencia que la reorganización institucional no ha mejorado la situación. El acceso al agua se ha convertido en una logística diaria de disponibilidad desigual, donde algunos sectores reciben raciones mientras otros dependen completamente de recolección manual.
La Encuesta de Condiciones de Vida 2025 confirma que esta crisis no es coyuntural sino estructural. Los datos revelan que apenas el 29% de los hogares tiene acceso garantizado a servicios básicos, cifra que refleja el alcance nacional del problema. La crisis de agua se suma a apagones de días enteros, desaparición de gas para cocinar y la necesidad de improvisaciones constantes en las cocinas de los venezolanos. La promesa de recuperación convive paradójicamente con una infraestructura cada vez más frágil, dejando a millones de ciudadanos atrapados en una lucha diaria por sobrevivir con acceso limitado a servicios considerados fundamentales en cualquier sociedad moderna.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
