El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el próximo jueves 26 de marzo en una audiencia que podría definir el rumbo de su proceso judicial en Estados Unidos. En esta segunda sesión, el juez Alvin K. Hellerstein revisará la moción de desestimación presentada por la defensa de ambos acusados. El tema central será si el Departamento del Tesoro estadounidense ha violado sus derechos constitucionales al negarles acceso a fondos venezolanos para pagar a sus abogados.
La defensa de Maduro, encabezada por el reconocido litigante estadounidense Barrick Pollack, argumenta que existe una contradicción fundamental en las acciones del gobierno. Según la moción presentada el 26 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) inicialmente otorgó una licencia que permitía a los acusados recibir fondos de Caracas para su defensa, incluso bajo las sanciones vigentes. Sin embargo, explica el documento, esta misma oficina revocó unilateralmente esa autorización, privando a Maduro de recursos para contratar abogados de su elección y violando así su derecho constitucional a una defensa adecuada.
La Fiscalía estadounidense rechaza categóricamente estos argumentos y sostiene que los derechos procesales de los acusados no han sido vulnerados. Los fiscales consideran que existen alternativas legales para que Maduro acceda a representación legal sin depender de fondos provenientes del gobierno venezolano. Esta posición contrasta directamente con la de la defensa, creando un escenario donde el juez debe interpretar la ley y equilibrar la legalidad de las sanciones con las garantías constitucionales de los acusados.
Maduro enfrenta cargos graves que incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, y posesión de armas destructivas, mientras que Flores afronta acusaciones relacionadas con conspiración para el tráfico de drogas. La decisión del juez Hellerstein sobre la moción de desestimación podría no solo determinar si el caso continúa adelante, sino también sentar precedentes importantes sobre los derechos de defensa en procesos contra funcionarios extranjeros sancionados por Estados Unidos.
Fuente: BBC Mundo — Ver nota original
