Samantha Hernández Castillo, una adolescente de 16 años, fue liberada esta semana después de permanecer seis meses en prisión en una cárcel de menores venezolana. La joven fue detenida en noviembre pasado bajo la acusación de estar involucrada en un supuesto plan para colocar un artefacto explosivo en Caracas que nunca llegó a detonarse. En el momento de su aprehensión, Samantha se encontraba en casa de sus abuelos cursando el último año del bachillerato. Su único delito aparente era ser la hermana menor del primer teniente Christian Hernández, un militar exiliado al que el régimen acusa de conspiración militar contra el presidente Nicolás Maduro.
La liberación de Samantha llega con restricciones significativas, incluida la prohibición de abandonar el país. Sin embargo, su familia continúa fragmentada por las detenciones relacionadas con el caso. Su hermana mayor Arantza Hernández Castillo, de 19 años, permanece encarcelada, al igual que su tío Henry Castillo y su primo Arialdo Camargo. El tío Henry estuvo desaparecido durante casi un año antes de ser localizado en la cárcel del Rodeo. Durante meses, la única evidencia de su existencia fue una fotografía difundida públicamente por Diosdado Cabello en una conferencia de prensa, donde lo presentaba como parte de una supuesta trama conspirativa.
La represión se ha extendido más allá de los hombres de la familia. Maykelis Borges, esposa del militar perseguido, fue arrestada mientras estaba embarazada y fue obligada a permanecer en prisión durante su gestación, dando a luz en condiciones precarias. Recientemente le concedieron arresto domiciliario en febrero. La madre de Samantha, Ámbar Castillo, no ha podido regresar a Venezuela porque existe una orden de captura en su contra relacionada con la operación denominada Operación Aurora. Desde el extranjero, ella monitorea la defensa legal de sus familiares y espera una respuesta a su solicitud de amnistía para poder volver al país.
El caso de la familia Hernández ilustra un patrón represivo que se ha vuelto sistemático en Venezuela y que ha sido documentado en reportes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Los investigadores han identificado la práctica conocida como "sippenhaft", un término de origen alemán que remite a las leyes nazis del Tercer Reich, donde se extendía la responsabilidad de acusados por crímenes de Estado a todos sus familiares. Este mecanismo de represión colectiva se ha convertido en una herramienta habitual del aparato represivo chavista para castigar a los allegados de militares considerados opositores al régimen.
Fuente: El Pais — Ver nota original
