https://p.dw.com/p/5DQ0V3 de mayo de 2026: protesta en Lisboa pidiendo la liberación de presos políticos en Venezuela.Imagen: Luis Boza/NurPhoto/picture alliancePublicidadEn el marco de la transición venezolana tutelada por Estados Unidos, el postmadurismo, encabezado por Delcy Rodríguez, ha movido en pocas semanas piezas clave del tablero judicial. El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional, bajo su control, designó a Larry Devoe como fiscal general; el 21 de abril activó el proceso para renovar a más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dos días después, Rodríguez designó una comisión para la consulta sobre la reforma de la justicia penal y, en paralelo, anunció el fin de la Ley de Amnistía, vigente desde el 20 de febrero. El relato oficial presenta estas medidas como parte de un proceso orientado a la reconciliación nacional, la convivencia democrática y la modernización del sistema de justicia. Según esta narrativa, se trataría de medidas necesarias, legales, transparentes y participativas para avanzar hacia una justicia más eficiente, imparcial y accesible. Sin embargo, este discurso contrasta con los hechos documentados por actores dentro y fuera del país. Familiares de presos políticos; organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición democrática han señalado que las medidas adoptadas se han caracterizado por la opacidad y la discrecionalidad en su diseño y aplicación, así como por su carácter limitado y excluyente. Más recientemente, el Parlamento Europeo ha respaldado estas críticas, subrayando el hecho de que no hayan proporcionado ninguna base para la reconciliación política del país. La seriedad de estos cuestionamientos obliga a plantearse a qué obedecen esas deficiencias y, en consecuencia, a preguntarse si Venezuela transita realmente hacia la democracia o si se encuentra ante una puesta en escena de la transición. Una amnistía limitada y excluyente La Ley de Amnistía no vació las cárceles venezolanas. A más de dos meses de su promulgación, al menos 674 personas continúan presas por razones políticas, según los registros de la organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón (JEP), dirigida por la abogada Martha Tineo. Este dato no solo desmiente el discurso oficial. También confirma las advertencias formuladas durante la discusión en la Asamblea Nacional por juristas y organizaciones de derechos humanos sobre el carácter excluyente y limitado del proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo.19 de febrero de 2026: Delcy Rodríguez, tras firmar la Ley de Amnistía aprobada en la Asamblea Nacional.Imagen: Ariana Cubillos/AP Photo/picture alliance Para Tineo, ese carácter restrictivo de la ley no fue producto de una mala técnica legislativa, sino de una decisión política deliberada. Aunque el texto anunciaba un marco temporal amplio de 27 años, a efectos prácticos quedó reducido a apenas 13 eventos concretos. "Los primeros siete ya no tenían personas detenidas; en los restantes, muy pocas", explica la abogada. A ello se sumó la exclusión de un periodo clave: 2018-2023, donde se concentran la mayoría de las causas por supuestas conspiraciones militares. "Eso no fue casual, fue por diseño", subraya. Ejecución discrecional y discriminatoria de la amnistía Lo grave no se limitó a esa exclusión inicial. La ley incorporó también la discrecionalidad como norma operativa. Sin criterios automáticos de aplicación, sin plazos vinculantes y sin mecanismos de control independiente, la arbitrariedad no fue una anomalía sino una consecuencia directa del diseño de la norma. "La ley no operó como un derecho exigible, sino como un filtro político", resalta Martha Tineo. Esta discrecionalidad se amplificó cuando, en la práctica, la ejecución de la amnistía quedó en manos de los mismos fiscales y jueces que habían construido los casos sin fundamento. "En un mismo caso, a unos se les notificó la libertad y a otros se les negó. El único patrón verificable es la pura discrecionali
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