La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles una brecha significativa entre las cifras de liberación de presos políticos anunciadas por el régimen venezolano y los datos verificados por organizaciones civiles independientes. Mientras el gobierno afirma que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la ley de amnistía promulgada en febrero, solo 186 cuentan con libertad plena según monitoreos independientes. El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, presentó estos datos ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, evidenciando la contradicción entre el discurso oficial y la realidad de los liberados.
La mayoría de las personas excarceladas enfrenta un régimen de "libertad vigilada" que impone restricciones severas a sus derechos fundamentales. Estas limitaciones incluyen prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y censura para manifestarse o hablar con medios de comunicación. "Eso no es libertad: es libertad vigilada", afirmó Ralón Orellana, subrayando que las excarcelaciones mantienen a los opositores bajo control estatal permanente. Con 554 personas bajo medidas cautelares adicionales, la cifra de completamente libres representa apenas el 2% de los supuestamente beneficiados por la amnistía.
La CIDH advirtió sobre cláusulas ambiguas en la legislación que perpetúan el riesgo de persecución política. El artículo 9 de la ley introduce un tipo abierto aplicable contra opositores, permitiendo procesar a liberados por supuestos vínculos con actores extranjeros. Ralón Orellana enfatizó que esta disposición residual deja la puerta abierta para nuevas represalias contra el movimiento opositor. Adicionalmente, la eliminación de antecedentes sin salvaguardas de archivo compromete futuras investigaciones de derechos humanos y rendición de cuentas por crímenes del régimen anterior.
La Comisión Interamericana cuestionó la capacidad institucional de aplicar justicia equitativa en Venezuela, señalando que los mismos tribunales y fiscales que participaron en detenciones arbitrarias y torturas son quienes aplican la ley de amnistía. "No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación", advirtió el relator especial para personas privadas de libertad. La CIDH no ha realizado visitas in situ al sistema carcelario venezolano desde 2017, limitando su capacidad de monitoreo directo sobre la situación actual de derechos humanos en el país.
Fuente: Infobae — Ver nota original
