El panorama político venezolano enfrenta una nueva tensión institucional tras los movimientos de Delcy Rodríguez para fortalecer su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Defensores de Derechos Humanos y expertos legales advierten que la ampliación del número de magistrados no responde a necesidades reales del país, sino al objetivo de la presidenta encargada de garantizar una mayoría política dentro de la institución. Esta estrategia replica el patrón histórico utilizado por Hugo Chávez para capturar el Poder Judicial, consolidando un sistema de justicia subordinado al poder ejecutivo.
La liberación parcial de presos políticos continúa siendo insuficiente y parcial según organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció una disparidad significativa en las cifras oficiales: mientras el régimen reporta un número mayor de liberados, solamente 186 personas gozan de libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares restrictivas. Además, la mayoría de los excarcelados sigue sometida a vigilancia estricta por parte de aparatos represivos, lo que cuestiona la autenticidad de estas medidas y la posibilidad real de una transición democrática genuina.
ONG de defensa de derechos humanos como Provea subrayan la urgencia de avanzar hacia una Justicia verdaderamente independiente. El defensor Feliciano Reyna señaló que actualmente hay más de 5 millones de venezolanos en condiciones de extrema vulnerabilidad, mientras que la apertura de registros electorales sigue siendo una exigencia clave de la oposición para cualquier proceso electoral futuro. La demanda de transparencia y autonomía judicial se intensifica conforme quedan en evidencia las torturas y detenciones arbitrarias que caracterizaron el régimen anterior.
En el ámbito diplomático y económico, Venezuela experimenta cambios significativos en sus relaciones internacionales y una crisis financiera profunda. Nicaragua ha realizado cambios en su representación diplomática en Caracas en menos de un año, evidenciando la inestabilidad política regional. Simultáneamente, investigaciones documentaron que empresas fantasma vinculadas al gobierno anterior desviaron aproximadamente 11 mil millones de dólares en ingresos petroleros durante 2021 y 2022, cifra que evidencia el alcance de la corrupción que afectó el patrimonio nacional y agravó la crisis económica del país.
Fuente: Infobae — Ver nota original
